Luego de una audiencia de individualización de sanciones en el Centro de Justicia Penal en esta capital, se obtuvo del Tribunal de Juicio, fallo condenatorio de 12 años y 6 meses de prisión en contra de una persona -hombre-, por ser partícipe en la comisión del delito de robo agravado en lugar habitado, con violencia física y uso de armas.
Durante el pasado día 16 de junio del año en curso inició la audiencia de juicio oral en la que la fiscalía del estado debatió con la defensa todas las pruebas que aportó, de hechos que ocurrieron el día 12 de mayo del 2016, en un rancho que se ubica en el kilómetro 100 de la carretera La Paz-Ciudad Constitución, y donde el ahora sentenciado se introdujo a la propiedad de la víctima, a quien amagó, para robar diversas herramientas de trabajo.
Y correspondió al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Robo, llevar a cabo todas las diligencias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para inicialmente, integrar la carpeta de investigación y en su momento, ejercer acción penal en contra del hoy sentenciado, lo que se conoce ahora como la judicialización del asunto; posteriormente, dentro del plazo que concedió el Juez, realizó la investigación complementaria y formuló la acusación.
Se ofrecieron y se admitieron las pruebas a las partes, y en su oportunidad, se dictó el auto de apertura a juicio y se admitieron todos los medios probatorios del Agente del Ministerio Público, lo que dio paso al juicio que concluyo con la sentencia condenatoria.
La fiscalía aportó pruebas contundentes que derivaron en el fallo condenatorio por parte del Tribunal de Juicio Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California Sur, quien consideró al inculpado responsable del delito que se le imputó, por el que lo sentenció a 12 años 6 meses de prisión, así como al pago de 5 mil 200 pesos por reparación del daño. La identidad del sentenciado no fue revelada por la autoridad.
Con la obtención de esta resolución condenatoria, la Procuraduría de Justicia en el Estado -PGJE- demuestra en los hechos, que cumple el compromiso de velar por los intereses de las víctimas y ofendidos, y lograr que las personas que trasgredan el orden jurídico sean sentenciados, en tanto no sea procedente la justicia alternativa o no opten los partícipes en un procedimiento abreviado, con respeto a sus derechos humanos.