El saqueo a las arcas.
En la tercera sesión de Cabildo y antes de vencer el termino fatal de 30 días que otorga la Ley para las primeras revisiones al acta de entrega-recepción del Gobierno Municipal, el Alcalde Armando Martínez Vega nos dio un anticipo del desastre administrativo y financiero dejado por sus antecesores Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez. No se trata de errores u omisiones sino de actos predeterminados para desviar recursos del erario público por cientos de millones de pesos, en los cuales las evidencias vinculan a la mayoría de los regidores y otros funcionarios e incluso personajes allegados al frustrado proyecto político de la hoy Diputada Federal plurinominal por Baja California Sur. Con los datos preliminares se advierten ilícitos como peculado, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, previstos y sancionados por los artículos 329, 326 y 327 del Código Penal vigente en el Estado. Pero aún hay mucho trabajo que realizar; es necesario la práctica de una auditoria forense, un método que investiga, analiza e interpreta actos contrarios a la Ley y una ciencia que permite descubrir información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, sobre fraudes y delitos cometidos en el desarrollo de la función pública o privada. Todo indica que se obtendrán elementos de prueba suficiente sobre la galopante corrupción en el XIV Ayuntamiento de La Paz, lo que permitirá interponer una serie de denuncias ante el Agente del Ministerio Público del fuero común especializado en delitos cometidos por servidores públicos, para iniciar –en el caso de Esthela de Jesús Ponce Beltrán- el Juicio de procedencia buscando el desafuero y su comparecencia ante instancias de Procuración y Administración de Justicia. Sera sin duda una batalla Jurídico-Legal que podría sentar precedente en una entidad donde se ha permitido por décadas el derroche y desvió de dinero producto de nuestros impuestos.
Armando Martínez Vega, que ganola Presidencia Municipal de La Paz en las votaciones del pasado 7 de Junio abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), dio pormenores de lo que podría ser el mayor desastre financiero del que se tenga memoria en un Gobierno local. Y es que la administración de Rosa Delia Cota Montaño postulada por el Partido de la RevoluciónDemocrática (PRD), dejo en el 2011 una deuda de 303 millones 600 mil pesos. Del 2011 al 2015, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez la incrementaron en 637 millones 362 mil 539 pesos más, pese a la escasa obra pública, incumplimiento de programas sociales y pésima prestación de servicios como recolección de basura, agua potable, alumbrado y seguridad. Hay observaciones pendientes de solventar por mil 668 millones 372 mil pesos y por tanto las cuentas públicas del 2011, 2012, 2013 y 2014, no han sido aprobadas por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Se ha detectado en la primera revisión desvío de recursos Federales por 254 millones de pesos etiquetados a programas sociales y obra pública Municipal que no se cumplieron. 31.5 millones de pesos del Ramo 33 que debieron ser ejercidos en 2013 y 2014 fueron reprogramados para el 2015 y 12.5 millones se destinaron a acciones no autorizadas, desconociéndose el paradero del monto restante. 8.5 millones de pesos aportados por la Federación el 19 de Noviembre del 2013 para la construcción de un mercado en el ejido Chametla, fueron canalizados a gasto corriente y 2.5 millones de ese rubro fueron utilizados para las fiestas del carnaval 2014. La obra –que al final no se llevoa cabo- fue asignada de manera directa alcontratistaJesúsRendón Vaca por 13 millones de pesos y se le pagaron 3 millones 915 mil pesos como ‘anticipo’. 12 millones 615 mil pesos, de 13 millones 861 mil pesos aportados por el programa Hábitat, fueron indebidamente trasferidos a otras cuentas, provocando que la Federación suspendiera la aportación de recursos en el 2014 y 2015 y para la ´fuente danzante interactiva’ que se pretendía construir en el jardín Velasco, se recibieron 11 millones de pesos cuyo destino se desconoce. El 22 de Febrero del 2013 se obtuvo un préstamo bancario por 150 millones de pesos para ‘inversión productiva’, detectándose hoy un desvió por 124 millones de pesos. El 7 de Octubre del 2014 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aporto 34.7 millones de pesos al programa ‘Estrategia de Innovación y Desarrollo Digital Municipal 2014’, adjudicándose de manera directa –pese a licitación obligatoria- a la empresa ‘Comercial de Software y Ti’. Hubo una aportación por 25 millones de pesos para la adquisición de Sistemas Fotovoltaicos a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), que también se adjudicó de manera directa.
Pero la mayoría de los miembros del Cabildo en el XIV Ayuntamiento de La Paz también están bajo sospecha. Cayeron en el descredito social por los supuestos ‘bonos’ que se les entregaron por autorizar el cambio de uso de suelo a favor del ‘Grupo México’, empeñado en operar una mina –Los Cardones- a cielo abierta en la reserva de la Biosfera sierra la Laguna. Y la concesión para para la prestación del servicio de alumbrado público a la empresa ‘Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente’ S.A. de C.V., pero hay ochos hechos que los colocan en el banquillo de los acusados. Se auto-asignaron 22 licencias para operar negocios con venta de alcohol, sin pagar los impuestos que señala la Ley de Hacienda Municipal y que ascienden a 2 millones 365 mil 875 pesos. Para ello, regidores y otros funcionarios se tomaron atribuciones y facultades que no tenían.
Pilar Eduardo Carballo Ruiz, el Pílalo, Presidente del Partido de Renovación Sud-Californiana (PRS), que en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) postulo a Armando Martínez Vega para la Alcaldía de La Paz, obtuvo de manera irregular 2 licencias evadiendo impuestos por 315 mil 450 pesos.
Norma Alicia Castañeda Quintero, 2 licencias por 178 mil 750 pesos.
Fausto Rene ÁlvarezGámez –Presidente Municipal interino por dos meses- 2 licencias para restaurant bar por 210 mil pesos.
Javier González Rubio Cerecer, Silvia GarcíaGuzmán, Javier MartínezGonzález, José de la Toba Camacho, Saúl Lamas Guzmán, Alma Melissa Bernal, Fernando Barajas Gámez y Ricardo Fiol Higuera, un permiso cada uno por 105 mil 150 pesos. Incluso se asegura que Ricardo Fiol Higuera, construyo una bodega de 776 metros cuadrados en un predio con clave catastral 103-018-327-204, con valor de 2 millones 175 mil 320 pesos, condonándose el pago de la licencia 2214/12 y una multa por 18 mil 700 pesos.
Por su parte el ex Secretario General Municipal Guillermo Beltrán Rochin, se adjudicó –con la participación de Inspección Fiscal y Tesorería-, 2 licencias para venta de alcohol sin pagar impuestos por 210 mil 300 pesos.
Martha Elena de la Peña, ex Directora de Inspección Fiscal, obtuvo 1 licencia por 105 mil 150 pesos.
Rosendo Castro Orantes, ex Tesorero Municipal, se hizo de 1 licencia también evadiendo impuestos por 105 mil 150 pesos. Ese individuo, sin tener facultades ni atribuciones para ello, suscribió un convenio de deuda con la empresa ‘Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos’ S.A. de C.V., para obligar a pagar al XIV Ayuntamiento 1 millón 859 mil 538 pesos con el contrato numero LA-803003996-NH, del 28 de Noviembre del 2012, por la supuesta compra de 3 camiones recolectores de basura. El ContralorJosé Luis Taylor, le finco responsabilidad administrativa por daño patrimonial contra la administración Municipal por 12 millones 893 mil 668 pesos y lo inhabilito para ocupar cargos públicos por un lapso de 6 años.
Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez, tenían proveedores exclusivos y la más favorecida fue Silvia Aguilar Baltazar; en los 3 años 10 meses de Ponce Beltrán, recibió pagos por 4 millones 370 mil pesos y en los 7 meses que permaneció Monroy Sánchez como Alcalde suplente, cobro recursos por 4 millones 491 mil 961 pesos, haciendo un total de 8 millones 862 mil 520 pesos por concepto de neumáticos, refacciones y servicios, sospechándose que se trata de un presta nombres del corredor de autos Off Road, dueño de un negocio de ese ramo. El dolo y la mala fe sobre el manejo de dinero y bienes Municipales, es obvio; Prueba de ello es la pólizanúmero 141 del 25 de Septiembre del 2015 –cinco días antes de dejar el cargo-, que empara la entrega de un terreno al proveedor Silvia Aguilar Baltazar como pago de un adeudo. La transacción se realizó bajo la escritura 53.665, folio 94339-94342, volumen 1,120. Esas conductas tramposas que denotan el bandidaje, se comprueban con la elaboración el 28 de Septiembre del 2015 –dos días antes de dejar el cargo-, de 895 cheques por 15 millones 563 milpesos sin dejar fondos que los respaldaran.
Gentes allegadas al proyecto político de Esthela de Jesús Ponce Beltrán, como el ex Diputado y dirigente Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ramón Alvarado Higuera, también fueron beneficiadas. Se habla de que ese individuo realizo una construcción de 552.83 metros cuadrados en un predio del ejido el Centenario con valor de 3 millones 427 mil 404 pesos, condonándosele el pago de la licencia 1425/12.
Otro rubro que se debe investigar corresponde a recursos aportados por la Federación para la prevención del delito. Anualmente se recibieron 21.1 millones de pesos -84.4 en total- para tareas de prevención del delito, lo que significó ungasto de aproximadamente 1 millón 800 mil pesos mensuales, sin que se reflejara en acciones concretas y por ello la delincuencias creció en todas sus manifestaciones. La propia Alcaldesa reconoció haber recibido un invaluable apoyo del Presidente Enrique Peña Nietopara ‘el desarrollo de las capacidades institucionales y la convivencia social de los Paceños’, accediendo en el 2013 a un recurso por 14.6 millones de pesos y de ellos 2 millones 765.722.25 pesos fueron destinados a la re nivelaciónacadémica de 650 Agentes de la Policía Preventiva Municipal, entregándose a cada uno 4,254.96 pesos como estímulo para estudios de preparatoria. Los elementos niegan haber recibido tal cantidad de dinero.
Esthela de Jesús Ponce Beltrán, el ex Tesorero Rosendo Castro Orantes, la ex Oficial Mayor Rosa María Montaño y el ex Secretario General Guillermo Beltrán Rochin, enfrentan ya una denuncia por peculado según el expediente LPZ/26/SPB/2015. El representante legal de la empresa ‘Dinero Fácil y Rápido’ S.A. de C.V., Rene Payan, reclama la devolución de 8 millones 48 mil 550.60 pesos, descontados a empleados Municipales pero no enterados a esa financiera, como se había acordado en Abril del 2012. En el 2014 el XIV Ayuntamiento de La Paz intento pagar a la empresa con un terreno del fraccionamiento Fidepaz, sin embargo se descubrió que el predio había sido vendido ya a un tercero.
Pero además, existen infinidad de facturas por servicios u obras no realizadas, en lo que se presume es el mayor desfalco en las arcas Municipales del que se tenga memoria.
Según los conocedores, hasta el momento se advierte la conducta delictiva de peculado, previsto y sancionado por el artículo 329 del Código Penal, que señala; comete el delito de peculado;
1.-Todo servidor público que para usos propios o Ajenos distraiga de su objeto dineros, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, Municipios, organismos descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito o por otra causa.
11.-El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a los que se refiere el artículo 327, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, a fin de denigrar a cualquier persona.
El ejercicio abusivo de funciones, previsto y sancionado por el artículo 326 del Código Penal, que señala; comete el delito de ejercicio abusivo de funciones;
1.-El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectué compras ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Ventarrón.
Insistimos. La tregua entre células del narco-menudeo se tambalea. Aparentemente la que controla el Norte de La Paz resulto ganadora en la pasada narco-guerra, pero por algo cambio su sede de operaciones a Cabo San Lucas, donde opera Abraham Cervantes Escárcega, el Babay. Ese delincuente se jacta de haber ordenado el retiro de los retenes Policiacos, para enviar desde allá dosis de droga en bolsas de plástico con la contraseña de un Murciélago, como la dejada en varios narco-mensajes sobre cuerpos de ‘puchadores’ ejecutados en esta capital.