RETA EL HAMPA A LAS INSTITUCIONES
Ante la nueva `estrategia` del Grupo de Coordinación en Seguridad Baja California Sur, la delincuencia organizada reta a las instituciones e incluso a medios de difusión, que dan cobertura a `hechos de alto impacto`.
En las últimas horas, han dado muerte a seis personas y con ello igualamos –y en cuestión de horas vamos a superar- a Estados como Baja California, que solo en Agosto de este año registró 109 homicidios.
Hasta ayer a las 17:00 horas en los Municipios de Los Cabos, La Paz y en menor escala Loreto y Comondu, llevábamos el mismo número de muertos, entre ellos 7 mujeres, un adolescente de 17 años y un niño de un año 3 meses de edad.
Y solo hay dos detenidos, a quienes científicamente solo se les puede –hasta hoy- atribuir la intervención en un hecho delictivo. Sobre el resto de las narco-ejecuciones, no hay siquiera sospechosos y la percepción social es que no se investiga.
Las células criminales actúan con total impunidad y bajo protección oficial.
El miércoles 25 de Octubre, unos mugrosos (que no sicarios), acribillaron a mansalva a un joven deportista de 17 años, en las calles Santa Cruz e/ Buena Vista y Palo Escopeta, de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, en San José del Cabo.
Se disponía a disputar un partido de futbol y los cobardes le cortaron la existencia.
Ese mismo día a las 21:40 horas, en las calles Tres Vírgenes e/ San Gregorio y Santa Alicia, colonia Santa Fe, dieron muerte a dos personas y lesionaron a otro.
Ayer a las 12:13 horas en Nicolás Bravo y Venustiano Carranza, a unos metros de la Sub-Comandancia Los Olivos, fue ultimado a balazos un sujeto de apellidos Estrada Murillo y lesionado un `Gruyero` identificado como Miguel Manzano Murillo.
Sigue sin haber plan, estrategia, y coordinación para contener la violencia, ni investigar hechos consumados; no hay trabajo de inteligencia para detectar a servidores públicos corruptos, que cobran quincenalmente un sueldo para proteger al ciudadano, pero además están en la nomina –ya no tan secreta- de la mafia.
El sábado 21 de Octubre, mientras preparaban templetes y afinaban instrumentos en las `Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas`, un comando armado secuestro en los patios de la Policía Preventiva Municipal de Los Cabos, a un joven de 19 años cuyo paradero hasta hoy se desconoce.
Horas después, la delincuencia organizada coloco en los lugares más visibles de San José del Cabo, dos narco-mantas contra el Ejército Mexicano, Armada de Mexico, Policía Federal y Preventiva Municipal, así como un medio de comunicación por `voltear bandera`
Las `firmaba` el 00 (Alfredo René Bastidas Mercado), que mantiene una férrea lucha por el control de la plaza para el trasiego y venta de droga, con Alfonso Payan González, el Colores.
No hay (aparentemente) poder humano que los pare.
A menos de dos semanas de haber sido designado Sub-Secretario de Seguridad Publica el Capitán de Navío Armando Nava Sánchez, se han cometido 45 narco-ejecuciones y entre las victimas hay mujeres, niños, adolescentes y hombres inocentes.
Es obvio que la `estrategia` de dividir la ciudad en sectores, no ha funcionado. No porque no sea efectiva, simplemente no quieren que funcione, lo que de ninguna manera es a título gratuito.
En esa nueva disposición, se contempla entorpecer la labor de los reporteros; catalogar a las víctimas como desconocidas para evitar se establezca vínculo con el narco-menudeo o la Policía; retardar datos sobre casos de `alto impacto` y atiborrar de información irrelevante los correos electrónicos.
Hay que señalar que no es agradable difundir noticias trágicas, pero para resolver el problema primero hay que reconocer que se tiene. La sociedad tiene derecho a saber que ocurre y el peligro que enfrenta.
No es callando ni presumiendo que vivimos en la sucursal del paraíso como se va a resolver el grave problema de inseguridad que se vive en Baja California Sur.
Hay que actuar con toda la fuerza que otorga la Ley para combatir a esos desalmados que están creando una generación de huérfanos, que tarde o temprano nos va a cobrar el no haber actuado para detener y llevar a juicio, a quienes les quitaron el derecho a una vida al lado de su padre o madre.
Si no se interviene ahora, seguirá corriendo con más fuerza, la sangre en Baja California Sur.