Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la
reforma constitucional de la minuta enviada por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en materia de Guardia Nacional, con la que las fuerzas
armadas del Estado permanecerán nueve años más en labores de seguridad y
combate a la delincuencia en el territorio nacional.
Luego de la socialización que hizo el Secretario de Gobernación federal, Adán
Augusto López Hernández en el recinto legislativo el pasado jueves 27 de
octubre, fue en la sesión ordinaria del martes 01 de noviembre, cuando se aprobó
la minuta que reforma el Artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma,
adiciona y deroga disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de
2019.
En el debate, la representante del PRD, diputada María Luisa Ojeda consignó en
contra que, la seguridad no es labor de las fuerzas armadas, dijo que en honor a
la congruencia con sus principios, valores, responsabilidad e ideología como
mexicana su voto es en contra.
Blanca Belia Márquez, en representación de la Fracción Parlamentaria del PAN
sentenció el rechazo categórico del grupo ante “la inminente militarización de la
seguridad pública” impulsada por el presidente de la República; afirmó que no es
la solución al problema de inseguridad en el país y que se ha generado por fallas
estratégicas, se debe a la falta de una política pública eficiente, como que la
función del ejército mexicano es defender la soberanía del país.
A favor, la diputada Guadalupe Moreno (MORENA) apuntó que, la permanencia
de las fuerzas armadas para contar con seguridad pública civil es necesaria para
poder combatir el flagelo de la delincuencia, y subrayó que “no compartimos el
doble discurso de quienes critican abrazos no balazos, sabiendo que se requiere
combatir las causas que generan las actividades ilícitas antes de combatir los
efectos”.
Poder Legislativo
XVI Legislatura
“2022, Año del Profesor Domingo Carballo Félix”
“2022, Año de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”
“Noviembre, Mes de la No Violencia hacia las Mujeres”
Dir. Bravo e Isabel la Católica, La Paz B.C.S.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PT, diputado Luis Armando Díaz,
señaló que “parece que de repente no tenemos memoria y que del discurso se
convierte en una postura política y no en una seria discusión de un problema
como es el de la seguridad pública, o el de la inseguridad que tiene que ser
atendido por la autoridad federal en turno, hoy por hoy en el marco de la cuarta
transformación que a muchos les causa comezón, es precisamente la
oportunidad que se está planteando para garantizar que en un plazo más allá del
mandato actual.
También a favor, Paz Ochoa (PRI) expuso que, la militarización no es la
respuesta, sin embargo consignó que a estas alturas no se pueden dar pasos en
falso y reconocer las debilidades de las fuerzas armadas; el abandono que vive
en los cuerpos civiles estatales y municipales tanto en capacitación como en
presupuesto; dijo que como oposición actual, busca contribuir a la construcción
de una guardia civil que garantice seguridad y tranquilidad a los municipios, por lo
dos aspectos la hacen apoyar a una guardia civil.
El dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de
Seguridad Pública, coincidió con los argumentos vertidos por las cámaras de
senadores y diputados, referentes a que se obliga al Poder Ejecutivo para que
rinda informes semestrales de la autorización a las fuerzas armadas (Secretarías
de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana) para
participar en labores de seguridad pública.
Coinciden con que el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de
apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de
sus instituciones de seguridad; con que las fuerzas armadas deberán capacitarse
en materia policial civil, en el entendido de que no sustituirán a las autoridades
civiles; con que se establezca un control parlamentario, a través de una comisión
mixta de diputados(as) y senadores(as) que analice la participación de las
fuerzas.
Asimismo también se estuvo de acuerdo en que los ejecutivos locales informen a
sus congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación
de las fuerzas armadas, así como que las entidades federativas establezcan
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los
municipios, en especial los de menor población o mayor grado de marginación.
