BALCONEANDO
¿GASTO EFICIENTE?
Por Alejandro Barañano
Desde hace más de un año atrás la Auditoría Superior de la Federación detectó recursos mal ejercidos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos durante la revisión de la Cuenta Pública del año 2016 del Gobierno de Baja California Sur.
El impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce simplemente en daños en materias tan sensibles como lo son la seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.
Dos de los rubros donde mayor cantidad de dinero no comprobado se encontró fueron el de recursos federales que ascendió a 585 millones 522 mil 700 pesos, y el de pago a profesores de distintos niveles educativos con montos de 215 millones de pesos.
En los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas; y en algunos casos -según consta en las conclusiones- la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada por la Auditoría Superior de la Federación.
De esos mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos de los que se habla, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado.
Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, o sea, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
El rubro que presenta el mayor quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, y donde el Gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.
También de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, misma que publicó estas revisiones como parte de su tercera entrega de la revisión a las cuentas públicas de 2016, el Gobierno de Baja California Sur destinó estos recursos a 29 programas, y de la totalidad del monto fue revisado por la dependencia, se concluyó “que a la fecha del corte de la Auditoría -30 de junio del 2017- el gobierno de Carlos Mendoza Davis no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos”, lo que significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos.
Lo anterior, se dijo fue “por la falta de documentación soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.
Y es que estos más de 585 millones de pesos debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte, perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico, pueblos mágicos y atención médica, y según la Auditoría Superior de la Federación, no fue así.
No obstante, la actual administración no pudo comprobar, aún seis meses después de cerrar el ejercicio presupuestal 2016, que el dinero haya sido transferido a los distintos programas.
A manera de conclusión, la Auditoría Superior de la Federación determinó “el gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”, y la pregunta obligada sería: ¿Realmente se está ejerciendo un gasto eficiente como pregonan? La verdad es que hay muchas dudas en el ello, por lo que mejor quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
