BALCONEANDO
¡JUGOSO NEGOCIO!
Por Alejandro Barañano
Mal y de malas debe andar el disque “líder nacional” de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, no solo en lo político sino hasta en lo anímico, pues tal parece que se está comenzando a ventilar en la Ciudad de México el millonario contrato de compraventa que se dio por el viejo edificio que por años se ha mantenido en huelga en la zona de Los Cabos, y que de acuerdo con el expediente II-209/94 la operación mercantil se realizó cuando todavía no se resolvía el juicio laboral entablado por la organización sindical en contra de la empresa Peza Construcciones, S.A. de C.V. en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur.
Esta intrincada y oscura historia comenzó con una operación financiera que se resolvió el 10 de junio de 2010, y donde de acuerdo a la escritura pública 44 mil 861 expedida emitida por el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, el todavía Senador de la República por unos cuantos días pero gran amo y señor del PRI sudcaliforniano, firmó el contrato de compraventa del hotel con una superficie de 14 mil 619.74 metros cuadrados por la “mísera” cantidad de 220 millones 616 mil 518 pesos.
El contrato quedó signado bajo el folio 62345-6247, mismo que fue suscrito entre Isaías González Cuevas en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, y José Rosario Álvarez Castillo, administrador único de la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V.
Ahora bien, la propiedad motivo de esta operación multimillonaria se localiza en el lote marcado con el número 16 de la sección Marina de Cabo San Lucas y está registrada con la clave catastral 402-003-016-021.
Según los datos que constan en el contrato de compraventa mencionado, el vendedor de esta maniobra dijo llamarse Isaías González Cuevas, ser mexicano de nacimiento, originario de Acolman, Estado de México, nacido el 6 de julio de 1940 y con domicilio en Hamburgo número 250, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México; mientras que por su parte el comprador se identificó como José Rosario Álvarez Castillo, quien dijo ser mexicano de nacimiento, originario de Ocampo, San Luis Potosí, nacido el 7 de octubre de 1957 y con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez número 3150 esquina Sinaloa, Fraccionamiento California en La Paz, Baja California Sur.
Como antecedente preliminar se sabe también que el bien inmueble es propiedad de un fideicomiso administrado por Nacional Financiera y que se registró indebidamente el 30 de junio de 2008 a nombre del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Los Cabos, esto después de que la empresa Peza Construcciones, S.A de C.V perdió un juicio laboral en contra de la CROC, bajo el número de expediente II-209/94, tras el estallamiento de una huelga iniciada en 1994.
En aquel ayeres la compañía constructora que desarrollaba el complejo turístico contrató a trabajadores afiliados al Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, sin embargo por la falta de pago fue que estalló la huelga y se inició un tedioso juicio laboral -hasta ahora el más largo de la historia de Baja California Sur- que duró hasta 16 años en ser resuelto y donde el gran perdedor de todo ello fueron los trabajadores del sindicato de la CROC.
El expediente con más de 10 mil fojas tiene registrada la guerra legal que se desenlazó entre NAFINSA y la CROC a partir del año 2002, esto mediante amparos, alegatos y promociones jurídicas.
Pero como “buen líder sindical” que se dice ser Isaías González Cuevas, ventajosamente y aprovechando el pleito jurídico, decidió vender, ceder y transferir la propiedad del bien inmueble en disputa legal a la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V. a pesar de la inscripción irregular que se hizo de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos.
Esto último fue acordado el 10 de julio de 2010, y así fue como se consumó una operación financiera por 220 millones 616 mil 618 pesos; siendo –repito nuevamente- el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, quien registró la compraventa y envió una inscripción preventiva al entonces director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del X. Ayuntamiento de Los Cabos, Jorge Joel Cota Ruíz, donde le solicitó fuera registrada la transacción entre el Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana; y Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., esto bajo el Número 15, Forja 15, Volumen CCCLIX y Sección I.
Lo más grave de todo esto es que de los 586 supuestos trabajadores que aparecen enlistados y que se dice participaron en el estallamiento de la huelga en el año de 1994, no recibieron absolutamente un solo centavo de los más de 220 millones de pesos que se consignaron por la operación mercantil del bien inmueble; y como seguramente no les darán ni tan siquiera un ápice de céntimo, mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
