BALCONEANDO
¡ BLINDAN GOLFO DE ULLOA!
Por Alejandro Barañano
Una de las zonas pesqueras más productivas y ricas en biodiversidad marina en las costas de Baja California Sur se encontraba seriamente amenazada, esto por las presiones que había para explotar sus riquezas mineras a costa de sus ecosistemas, salud y actividades productivas, y en esta ocasión la amenaza no era la minería a cielo abierto, sino la minería submarina.
Este nuevo tipo de explotación minera nunca antes practicado en México, y con escasos referentes a nivel mundial, quería ser impulsada por la empresa minera estadounidense Exploraciones Oceánicas -filial de Odissey Marine Exploration- la cual buscaba dragar el fondo marino de una parte de Baja California Sur durante los próximos 50 años.
Pero la calma volvió en muchos cuando por medio de un comunicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que resolvió negar de nueva cuenta la autorización del impacto ambiental del proyecto “dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, ubicado en el mar dentro de la región conocida como Golfo de Ulloa.
El proyecto que por cierto ya había sido rechazado por la dependencia mediante la resolución emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el 7 de abril de 2016; generó que la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. promoviera ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa un Juicio de Nulidad, mismo que les fue concedido.
Pero todo cambio el pasado 12 de octubre, pues mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/07852 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT cumplió con la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificando la negativa en materia de impacto ambiental a dicho proyecto.
Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental participaron con sus opiniones técnicas diversas instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Acuacultura, y el Congreso del Estado y gobierno estatal; pero también contribuyeron con su opinión científicos e investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el Centro interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto de Ecología de la UNAM, Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California , la Universidad Autónoma de Baja California Sur y diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas ambientales.
Y es que como se recordará el proyecto de dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego pretendía extraer fosforita en las aguas nacionales ubicadas en el Golfo de Ulloa, durante las 24 horas de los 365 días del año, esto durante medio siglo.
Y consabido era que esa actividad podría haber generado graves impactos ambientales negativos, sinérgicos y acumulativos sobre la fauna y el hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción; porque entre las especies que serían seriamente afectadas por el proyecto se encuentran varias especies de ballenas, tres especies de delfines, la orca, el lobo marino de California, nueve especies de aves y cuatro especies de tortugas marinas, entre ellas la tortuga amarilla que tiene su desove, nacimiento y su etapa juvenil en las costas de Japón, viajando posteriormente miles de kilómetros para vivir su vida adulta en el Golfo de Ulloa.
Ahora bien, por otra parte se debe continuar con la defensa de la principal reserva de agua del sur de la península de Baja California, misma está siendo amenazada por la minera de Ricardo Salinas Pliego, y quien con un permiso falso ha buscado operar poniendo en riesgo el ambiente, la salud y la economía de los municipios de La Paz y de Los Cabos.
Y lo digo porque con el proyecto “Los Cardones” se busca extraer 55 toneladas de oro con valor de 2 mil millones de dólares, pero dejando como utilidad social la contaminación del aire y el agua de los municipios, donde La Paz y Los Cabos serían afectados en sus actividades productivas como lo son el cultivo de vegetales orgánicos y el turismo.
En definitiva los movimientos ambientalistas y la sociedad sudcaliforniana se oponen al susodicho proyecto minero, pues básicamente lo que se quiere es agua limpia, bosques y protección a los animales, no contaminación, devastación ambiental; y no más oro para los ricos, y mientras algo sucede al respecto mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
