Por Alejandro Barañano
Para mucho el Gobierno del Estado tiene cuentas pendientescon la sociedad, pues hoy por hoy BAJA CALIFORNIA SUR se encuentra entre las entidades más opacas del país con más de 3 mil millones de pesos sin comprobar, esto según el informe de la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
Sin embargo y a pesar de las críticas, VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO asegura que se está trabajando para corregir los procesos para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, y también de manera cínica tuvo la desfachatez de asegurar públicamente que los 3 mil millones de pesos faltantes de comprobar no es un dinero desviado o mal utilizado, sino que se trataba de ERRORES ADMINISTRATIVOS. ¡Por favor!
Definitivamente la administración de las arcas públicas ha sido algo que ha quedado a deber la actual administración estatal, tan así, que hay serios señalamientos, denuncias penales e incluso ex funcionarios que se encuentran encerrados en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL por malos manejos en los que se han visto envueltos.
Lo más grave es que la mismísima BERTHA MONTAÑO COTA, titular de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ya cuenta con una denuncia por el DELITO DE PECULADO, y que a pesar de ello no ha podido contener el tremendo endeudamiento público y los ERRORES ADMINISTRATIVOS como les llama el inquilino del Palacio de Cantera
Y es que los resultados presentados por la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN a finales del año 2024, mediante la “Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2023 Segunda Entrega”reveló que BAJA CALIFORNIA SUR es la entidad con más recursos por aclarar, siendo un total de mil 421 millones de pesos.
Pero a la par de lo anterior, en lo que se refiere a la DEUDA PÚBLICA según los libros contables públicos que están al alcance de todos los ciudadanos, tras la salida de CARLOS MENDOZA DAVIS en septiembre del 2021, se heredó una deuda de mil 422 millones 412 mil 597 pesos, pero actualmente con corte al 31 de diciembre del 2024, VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO ha elevado la deuda pública a 5 mil 49 millones 611 mil pesos; es decir que el endeudamiento aumentó 3 mil 627 millones 199 mil pesos, lo que significa un 255 por ciento más que al inicio de su administración. ¡QUIHÚBOLE!
Definitivamente lo que está pasando en la media península con las finanzas públicas requiere de una atención inmediata, pues los “magnánimos” diputados locales no pueden seguir simulando que no conocen del caso.
Más y más gestiones de recursos públicos por parte de la SECRETARIA DE FINANZAS siguen haciendo crecer la deuda pública y lo único que está ocurriendo ante ello es solo despedir a funcionarios que estaban bajo las órdenes de BERTHA MONTAÑO COTA.
Finalmente podemos decir que el informe de la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN no solo realizó señalamientos al gobierno de VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, sino también a los gobiernos municipales de BAJA CALIFORNIA SUR, pues tienen cuentas pendientes de aclarar por alrededor de 25.27 millones de pesos, además de los 3.49 millones de pesos en otras observaciones emitidas. Por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
Se está dando un FRAUDE INMOBILIARIO en la zona de Los Cabos y donde se asegura que están involucrados servidores públicos tanto del Ayuntamiento como del Estado, afectando con ese actuar a ciudadanos nacionales y extranjeros, y donde el botín son 23 de 35 villas construidas en el desarrollo VILLAS CABO HILLS.
El origen de este fraude nació por un laudo laboral promovido por al menos cinco trabajadores, que demandaron a INMOBILIARIA OASIS DEL CABO S.A. de C.V., esto bajo el EXPEDIANTE No. I-048/994 fincado en el año 1994 y que el 10 de octubre de 1996, la Junta Especial Número Tres de Arbitraje en el Estado, decretó procedente el embargo precautorio del bien inmueble para pagar el laudo a los trabajadores despedidos por un monto total de 28 mil 522.68 pesos, y de ahí se agarraron para hacer los desmanes que actualmente existen.
La sociedad civil de la ciudad de La Paz se mantiene en constante vigilancia para evitar cualquier atropello al derecho al ACCESO LIBRE A LAS PLAYAS, tal y como sucedió en los alrededores de la PREPARATORIA CET-MAR y de la playa LA POSADA, cuando se instaló un cerco perimetral que no permite a la población acceder a esta zona que siempre ha sido un lugar de recreación.
Ante ello el tesorero del Municipio de La Paz, JASSIEL ENRÍQUEZ VARELA, dijo que ya se interpuso una denuncia ante la PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE y asimismo, expuso que han iniciado una serie de indagatorias sobre el caso. Veremos qué pasa. . . ¡HE DICHO!