Por Alejandro Barañano
A través de SanDiegoRed.com se dio a conocer un FRAUDE MILLONARIO en la zona de Los Cabos, historia que fue narrada por MARIO VALENCIA HERNÁNDEZ y quien asegura que un grupo de ciudadanos nacionales y extranjeros han denunciado a un ex funcionario municipal y a varios abogados locales por su presunta colusión con el timo con el que se busca despojar a los propietarios de un terreno de 5.19 hectáreas.
La propiedad en cuestión está ubicada en el kilómetro 3+500 de la carretera Cabo San Lucas-Todos Santos, e incluye varias villas del fraccionamiento VLLAS CABO HILLS, un área que es considerada como de alto valor inmobiliario.
Según la denuncia presentada ante la PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, los acusados en el asunto habrían manipulado un juicio laboral –Expediente I-005/12– para simular un embargo ilegal sobre un terreno de más de cinco hectáreas.
En dicho juicio, algunos trabajadores de la construcción reclamaron un monto total de 30 mil pesos, lo que dio lugar al embargo y la adjudicación de una villa del fraccionamiento VILLAS CABO HILLS con una superficie de 208 metros cuadrados, bien inmueble que es más que suficiente para cubrir las indemnizaciones correspondientes a todos los trabajadores que demandaron a la empresa constructora.
Sin embargo y de forma ilegal, el secretario Auxiliar de dicha Junta Laboral a finales del año 2022, ordenó la escrituración de un predio de más de 5 hectáreas, cuando en realidad la adjudicación en dicho proceso legal era única y exclusivamente un inmueble de 208 metros cuadrados.
Obvio que eso fue en COMPLICIDAD con autoridades locales y estatales, pues se pretendió apropiarse de forma ilegal de un inmueble distinto al originalmente adjudicado, lo que ha desatado el conflicto legal.
Esa artimaña se descubrió cuando uno de los propietarios intentó vender su villa y durante el proceso, el NOTARIO PÚBLICO encargado de la escrituración le informó que su propiedad estaba gravada en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, lo cual impedía la transacción.
Al investigar más a profundidad se descubrió que todo esto provenía del EXPEDIENTE LABORAL I-005/12, en el que se había ordenado de forma indebida un embargo sobre un polígono de más de cinco hectáreas, lo que afectaba no solo la propiedad del vendedor, sino también varias otras dentro del mismo polígono.
Por ello, los afectados interpusieron un recurso ante la JUNTA LOCAL 3 DE CABO SAN LUCAS para revisar los actos judiciales. Aunque el presidente de la Junta, mediante diversas resoluciones, admitió que los afectados tenían razón al demostrar que solo se había adjudicado una villa de 208 metros cuadrados en el proceso laboral, emitió una NUEVA RESOLUCIÓN en la que ordenaba la cancelación de los embargos sobre sus propiedades.
Sin embargo una de las personas implicadas en el FRAUDE MILLONARIO, quien de forma indebida se ostenta como propietaria de un polígono de más de cinco hectáreas, promovió un amparo ante el JUEZ TERCERO DE DISTRITO, esto a pesar de que la autoridad laboral ya había reconocido su erro, ese juzgador resolvió de manera inusualmente rápida el expediente en la audiencia constitucional en tan solo 30 minutos, ello y a pesar de que este consta de más de 2 mil 600 fojas.
Esta decisión perjudicó los intereses de los afectados y ha generado SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN por parte del Juzgador Federal, –entre otros involucrados– por lo que está solicitando la intervención de las autoridades para frenar lo que se considera un intento de DESPOJO ILEGAL de bienes, pues el valor del terreno en disputa y las villas afectadas asciende a varios millones de dólares, esto dado la ubicación privilegiada que tienen en una de las zonas más cotizadas de Los Cabos.
El caso sigue en investigación, con varias denuncias penales tanto en el ámbito local como en el federal, además de una denuncia de juicio político en contra del juez federal involucrado. Los denunciantes esperan que se haga justicia frente a lo que consideran un claro ejemplo de ABUSO DE PODER Y CORRUPCIÓN en el sistema judicial federal.
Se sabe que el caso ya ha sido asignado al SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, cuyos magistrados tienen la responsabilidad de impartir justicia en este grave asunto de corrupción denunciado por los afectados.
A la par de ello, los denunciantes expresan su confianza en la integridad y sentido de justicia de los magistrados del tribunal, especialmente en la magistrada EDWIGIS OLIVIA ROTUNNO, quien será la que elaborará el proyecto de resolución. Veremos en que acaba todo este embrollo; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
