BALCONEANDO / “SESIÓN PRIVADA”
Por Alejandro Barañano
Pues nada, resulta que la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN de Baja California Sur sigue esperando que el CONGRESO DEL ESTADO justifique cómo se votó en contra de la solicitud de desafuero de una legisladora petista y un funcionario estatal.
Ante ello, LENIN ORTIZ AMAO dio a conocer que el Poder Legislativo simplemente le envió un oficio notificándole que no se aceptó la solicitud que fue enviada por él. Sin embargo, en ningún momento se le turnó copia del dictamen ni de la minuta sobre la sesión privada, ni se le informó quiénes votaron a favor o en contra del asunto que ya es conocido por todos.
De acuerdo con lo que se ha podido entender, el dictamen presentado por la COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA era favorable para continuar con el procedimiento de desafuero en contra de ALONDRA TORRES GARCÍA, esto al considerar que había elementos fundamentados para ello. Pero no fue así: simplemente, a oscuras y sin proporcionar datos, la liberaron de perder su fuero constitucional.
Ahora se sabe que la presidenta de la Mesa Directiva de la actual legislatura, ARLENE MORENO MACIEL quien notificó a la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN a través del OFICIO MD/020/2025 de fecha 11 de abril pasado, que el Pleno del CONGRESO DEL ESTADO discutió y votó el dictamen en una SESIÓN PRIVADA y agregó que “al respecto y como resultado de la votación, dicho dictamen no fue aprobado, por lo que consecuentemente no procede la incoación de procedimiento”. Punto final.
Entonces, LENIN ORTIZ AMAO consideró que el procedimiento utilizado por el PODER LEGISLATIVO –mediante una sesión secreta– simplemente les permitió “lavarse las manos” y quitarse una responsabilidad ante los ojos atónitos de la sociedad sudcaliforniana.
Y lo digo porque incluso no se sabe a ciencia cierta si realmente existió esa SESIÓN PRIVADA, ya que no se cuenta con una minuta al respecto. Y si la hubo, no se conoce la fundamentación utilizada para la decisión tomada, provocando por ende una total opacidad y descarada impunidad a favor de la diputada petista.
La LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS para el Estado refiere que, para proceder penalmente contra las personas servidoras públicas que gozan de fuero constitucional, debe existir la declaración de procedencia por parte del CONGRESO DEL ESTADOo, en su caso, por la COMISIÓN PERMANENTE. También, cuando se haya iniciado un proceso penal —como es el caso de la diputada Alondra Torres García— ya que sin haberse agotado el procedimiento respectivo, el Congreso o la Comisión Permanente deberá librar entonces un oficio a la persona juzgadora que conozca la causa a fin de que suspenda el proceso. Y esto no ha sucedido.
Tan es cierto esto que el Pleno de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en la controversia constitucional 11/95 de la que derivó la tesis de jurisprudencia P/J 38/96, establece que el procedimiento y la declaratoria de procedencia o de desafuero serán necesarios hasta el momento en que el Ministerio Público ejerza acción penal ante las autoridades jurisdiccionales.
Lo anterior sin olvidar que el artículo 211, en el penúltimo párrafo del CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, dice que en el sistema penal acusatorio —ya sea oral o adversarial— inicia con la solicitud de citatorio a la audiencia inicial, y será puesto a disposición ante la autoridad judicial, o cuando se solicita orden de aprehensión o comparecencia.
Pero aquí todo lo han hecho bajo la mesa, con total sigilo y plena oscuridad. Luego entonces, veremos en qué acaba esta tragicomedia tan opaca y llena de impunidad. Por lo pronto, quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
Por primera vez en México se construye en la zona de Los Cabos un barco diseñado especialmente para combatir incendios en marinas y embarcaciones. El proyecto, llamado AINA, ya tiene un 40% de avance y se espera que realice sus primeras pruebas en el mar en agosto de 2025. Si todo marcha como se espera, entrará en operación a finales del mismo año en la BAHÍA DE CABO SAN LUCAS.
El navío contará con bombas capaces de lanzar tanto agua de mar como espuma, y será operado por personal del CUERPO DE BOMBEROS SANLUQUEÑO. Tendrá además una subestación propia en la marina para actuar rápidamente ante emergencias en el agua.
El ingeniero SERVANDO GÓMEZ VERDUGO, director de Maritime and Naval Bureau, explicó que actualmente se trabaja en la instalación de las cubiertas y que lo siguiente será incorporar el sistema contra incendios.
Son una veintena de organizaciones de la sociedad civil las que han integrado un frente para advertir sobre la intención de reactivación del proyecto de MINERÍA SUBMARINA “DON DIEGO”, el cual hace una década buscó instalarse en el GOLFO DE ULLOA, área del Pacífico sudcaliforniano conocida por su alta productividad biológica, que permite el 42 por ciento de toda la actividad pesquera de la entidad.
Tan es cierto, que la misma empresa comunicó a sus accionistas en diciembre pasado, que habían constituido una nueva empresa que se llama CAPITAL LATINOAMERICANO para extraer arenas fosfáticas de la zona económica exclusiva de México.
Pero resulta que para ello la sentencia del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA determinará si se ordena o no a la SEMARNAT autorizar la MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL a Odyssey Marine Exploration. . . ¡HE DICHO!
