BALCONEANDO / ¡SIMULACIÓN Y CORRUPCIÓN!
Por Alejandro Barañano
Fue a través del medio de comunicación Latius, y bajo la investigación de su corresponsal DIEGO SOTO, que se supo que dos obras que se vienen realizando en el municipio de La Paz y a las que se les asignaron más de 400 millones de pesos de presupuesto federal, fueron adjudicadas a una empresa vinculada ni más sin menos que con NARCISO AGÚNDEZ GÓMEZ, el todavía titular de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.
Tan es cierto esto, que de acuerdo con la página de COMPRANET, las licitaciones públicas nacionales LO-015000999-E1465-2022 y LO-015000999-E1466-2022 fueron otorgadas a favor de la empresa GRUPO ZOHMEXS.A. de C.V., obteniendo con ello más de 435 millones 577 mil pesos.
Las dos obras de las que hablamos fueron licitadas por la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO el pasado 30 de diciembre del año 2022, y el fallo de las mismas fue emitido el 25 de enero de este año, esto cuando se destinaron los recursos al Ayuntamiento de La Paz que preside MILENA QUIROGA ROMERO.
El primero de los proyecto es la construcción del PARQUE DEPORTIVO “LIBRAMIENTO NORTE” que se ubica en el arroyo “El Piojillo”, y por el cual se pagó un monto que rebasa los 210 millones pesos. El segundo proyecto es la ciclovía y el andador peatonal que se levanta en el LIBRAMIENTO “DANIEL ROLDÁN”, y para lo cual se destinaron 224 millones 811 mil pesos.
Ahora bien, de acuerdo con datos que se han recabado en el Registro Público de Comercio, CINDY DANAE MARTÍNEZ SALINAS y MARÍA ROCÍO BASTIDAS BARRAZA, son las socias de la empresa encargada de realizar las obras antes mencionadas, mientras que NARCISO AGÚNDEZ GÓMEZ figura como el comisario de la empresa. ¡QUIHÚBOLE!
De todo lo antes narrado, llama poderosamente la atención porque VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO ha reconocido públicamente el trabajo que dice existe en contra de la corrupción, la cual –según sus propias palabras– “no debe ser simulación sino una realidad, y donde todos y todas participen a través de la denuncia de servidores públicos que hagan mal uso de los recursos del pueblo”.
También, en ese sentido, señaló hace unos días atrás que la media península se encuentra ubicada entre los primeros 10 lugares de certificación a nivel nacional en cuanto a combate a la corrupción se refiere, pero como podemos darnos cuenta todo eso es mentira, pues en realidad su gestión gubernamental se ha caracterizado no por no uno, ni por dos, sino por muchos casos de corruptelas en poco más de dos años.
El caso del hijo del tristemente célebre ex gobernador NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO es una prueba de ello, pues la LEY GENERAL DE RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS refiere claramente en el Artículo Tercero, apartado cuarto, que por conflicto de interés se entiende “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”, y el director de API recae completamente en dicha tipificación, así que ahora qué podrá decir por esto VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO.
Y no solo eso, que nos puede decir del caso de FERNANDA VILLARREAL GONZÁLEZ y su paso por el INSTITUTO DE LA VIVIENDA, donde se dice cometió un sinfín de irregularidades que provocaron en tan solo dos años de administración un quebranto financiero.
O del asunto de la denuncia penal presentada el pasado 6 de noviembre donde se solicitó emprender acciones legales contra de tres servidores públicos del Gobierno del Estado, y me refiero a CAROLINA ARMENTA CERVANTES, la todavía titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur. A PAULINA DEL CARMÉN GARCÍA LÓPEZ, subsecretaria de la misma dependencia e ISRAEL SORIA VILLA, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, quienes fueron acusados por la conducta tipificada como Delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, correspondiente al Tipo Penal de Delitos de Hechos de Corrupción de Servidores Públicos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 268 y 280 Fracción III Inciso B) del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
Y lo más reciente, los negocios descubiertos bajo el amparo del poder, donde se reveló un jugoso negocio por parte del sobrino e hijo de quien se ostenta como jefe de la Oficina del Ejecutivo, o sea JESÚS OMAR CASTRO COTA, y donde los principales clientes de la empresa de los familiares del “querido compadre” del gobernador son ni más ni menos que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA y la SECRETARÍA DE SALUD. ¿O se atreverán a decir que eso también es mentira?
Por esto y más, muchos ponen en duda que BAJA CALIFORNIA SUR esté ubicada entre los primeros 10 lugares de certificación a nivel nacional en cuanto a combate a la corrupción se refiere, pues visto está que lo que permea en realidad es la SIMULACIÓN y CORRUPCIÓN, por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
