BURÓ POLÍTICO/ ¡RENUNCIA INMINENTE!
POR ARIEL VILCHIS
El uso de recursos públicos para financiar estructuras electorales, aspiraciones personales o proyectos políticos fue una constante en el pasado reciente de México. Casos hay muchos y algunos han estallado últimamente como el de Emilio Lozoya ex director de PEMEX.
Por lo anterior, en buena medida los ciudadanos le dieron la oportunidad a nuevos proyectos políticos como la llamada 4T, hartos de la corrupción y la manera de actuar de los políticos tradicionales.
Es por eso que está más que justificada y por demás congruente la iniciativa presentada por la diputada federal Claudia Yáñez de la bancada de Morena, apoyada por todos los partidos para ponerles candados a las aspiraciones electorales de quienes hoy fungen como Delegados Federales de Programas Sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Habrá que recordar que dichos Delegados, aquí en la entidad esa responsabilidad recae en el maestro jubilado y senador con licencia Víctor Castro Cosío, operan recursos públicos, padrones de beneficiarios y tienen a su cargo una red de activistas en los llamados servidores de la nación.
De igual forma no se puede dejar pasar por alto que hasta el momento a poco más de un año de su designación por parte del presidente de la república, de los 32 delegados 10 han sido denunciados y están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública. Tienen procesos abiertos por nepotismo, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, un caso por posible complicidad en robo de alta cuantía y, entre otros delitos, uso político-electoral de los programas de Bienestar.
Debido a lo anterior y siendo congruentes con los postulados del nuevo gobierno federal de NO MENTIR, NO ROBAR y NO TRAICIONAR, la iniciativa turnada a comisiones en la cámara de diputados pretende reformar el artículo 116 y 55 de la Constitución federal para establecer que si los delegados buscan participar como candidatos a una gubernatura, diputación o senaduría, deberán separarse de sus funciones en un periodo de antelación que va de uno a 3 años antes de la elección.
De prosperar esta iniciativa, estaríamos viendo una renuncia inminente y anticipada del profesor Víctor Castro en la delegación de Bienestar en el estado. Toda vez que sus aspiraciones políticas son evidentes aunque declare frecuentemente que está concentrado en su responsabilidad. Y no es que se dude de la honradez del delegado, sin embargo la designación de ese cargo público y por el manejo de los padrones de beneficiarios, pueden ser piezas políticas para favorecer e influir en posibles candidaturas así como proyectos personales, además de caer en delitos electorales por malos manejos de los recursos públicos a los que tiene acceso.
Ya veremos en qué concluye y si prospera esta iniciativa que a todas luces pone freno a la mala costumbre de hacer política con recursos públicos o con ventaja desde un puesto de tal importancia como lo es ahora la Delegación de programas Sociales de Bienestar, que aquí en BCS comanda Víctor Castro.
Por lo pronto ya ha quedado claro que, aun con el cambio de gobierno, hay políticos que siguen practicando el deporte de la política pichada, y que los programas de bienestar pueden ser utilizados para uso político electoral. Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…
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#EntreLíneas
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