La visitadora general encargada de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos -CEDH-, Lizeth Collins Collins Solís, asistió a la reunión de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-, donde se abordó la normatividad que al respecto rige en cada entidad federativa, esto, en las oficinas del antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.
En esta reunión de trabajo, se analizó el tema de las medidas para garantizar que las comisiones locales de los Derechos Humanos, cuenten con las condiciones de seguridad para desarrollar sus funciones.
En la mesa de trabajo, también se expuso el contexto de los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas sobre la situación en materia de seguridad, normatividad y presupuesto de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
La reunión fue presidida por el presidente de la CONAGO, Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco, así como por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa. También estuvieron presentes el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
En estos eventos, la visitadora general de la CEDH participó en la firma del convenio general de colaboración entre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y los Organismos Públicos DE Derechos Humanos.
En el evento celebrado en la Ciudad de México, Collins Collins, calificó este acto como de gran trascendencia ya que ello permitirá tener las armas necesarias para la prevención de la tortura y la defensa de los derechos humanos.
La encargada de la Presidencia de la CEDH dijo que una vez que a su regreso de la capital del país habrá de reunirse con el personal a su cargo para trasmitirles los conocimientos del contenido del convenio y la reunión en sí, igualmente para programar algunas conferencias enfocada a los Agentes de los Ministerios Públicos y cuerpos de seguridad, así como de las policías estatal y municipales de los cinco ayuntamientos del estado, que son los que en primera instancia conocen sobre cualquier delito de tortura y/o violación a los derechos humanos de la ciudadanía.
