El trabajo de agentes del Ministerio Público en la resolución de capetas de investigación en el nuevo sistema de justicia penal, logró que los Jueces de Control determinarán 7 sentencias condenatorias para Martín Ernesto N., alias “El Chicles”, luego de resultar imputado por múltiples robos a escuelas, que cometió desde el año 2016 en esta capital.
Fue durante el mes de enero del 2016, y hasta los primeros meses de este año, cuando la PGJE recibió denuncias por representantes de instituciones educativas, quienes vieron afectado el patrimonio de la comunidad escolar por la incidencia de actos delictivos.
Por ello, los agentes del Ministerio Público de las unidades especializadas de investigación de delito de robo, auxiliados por peritos y agente de investigación de la Policía Ministerial se dieron a la tarea de investigar dichos ilícitos, dándose inicio a los procedimientos que derivaron en la judicialización de 19 carpetas por el delito de robo a instituciones educativas en diversas modalidades.
Lo anterior originó que Martín Ernesto “N”., alias “El Chicles”, de 24 años, originario de esta ciudad, fuera vinculado a proceso pues los Jueces de Control quienes admitieron los datos de prueba que proporcionaron los agentes del Ministerio Público del fuero común.
Y tras evaluar las pruebas aportadas en diversas audiencias y con todas las formalidades de ley, bajo las causas penales 054/2016 107/2016, 187/2016, 194/ 2016, 232/2016, 268/2016 y 284/2016, los Jueces de Control dictaron fallo condenatorio en todos y cada uno de los casos, en contra del acusado, que en suma alcanzan 23 años 8 meses de prisión.
Resaltándose que una vez que “El Chicles” fue recluido, para enfrentar la primera de las 7 sentencias condenatorias, cesaron los robos a instituciones educativas, de manera muy significativa.
La Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, realiza investigaciones profesionales y jurídicas, para atender el mandato de ley y la instrucción del titular del Ejecutivo en Baja California Sur, de realizar acciones, que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, hasta obtener sentencias condenatorias en delitos de prisión oficiosa, con respeto a sus derechos humanos.
