Alejandro Ceseña Montaño y/o Jesús Villa Coronel, así como Francisco Javier Razo Figueroa, fueron sentenciados a 50 años de prisión y multados con 239 mil 997 pesos 84 centavos, tras resultar responsables en los delitos de secuestro, homicidio con premeditación y alevosía, asociación delictuosa, robo de vehículo y robo con violencia. La resolución jurídica fue emitida por el Juez II de Primera Instancia del Ramo Penal con sede en San José del Cabo, entro del proceso 70/2011.
Lo anterior en agravio de una menor de edad identificada como Ashely N., de 5 años, y cuyos hechos se registraron el pasado día 11 de abril del 2011 en la ciudad de San José del Cabo.
Así mismo, el juez de la referida causa penal dictó sentencia condenatoria de 34 años de prisión en contra de Juan Manuel Amezcua Hernández, además de fijarle una multa de 239 mil 997 peso 84 centavos.
Y la condena de reparación del daño por la cantidad de 94 mil 515 pesos 60 centavos por ser responsable de los delitos de secuestro, homicidio con premeditación y alevosía, asociación delictuosa, robo de vehículo y robo con violencia.
Durante la secuela del proceso penal en mención, el agente del Ministerio Público del fuero común aportó ante el Juez II Penal en San José del Cabo, todos los elementos de pruebas, periciales, testimoniales y documentales, recabadas en su momento por los agentes de la Policía Ministerial del Estado y peritos de la PGJE, y que permitieron que se obtuvieran las sentencias condenatorias en contra de los tres responsable de los hechos.
Los hoy sentenciados compurgarán los 50 y 34 años recluidos en el Centro de Reinserción Social -CERESO- en Los Cabos.
Según constancias que obran en el expediente los hoy procesados secuestraron a la hoy occisa el día 9 de abril del 2011, mientras se encontraba en su domicilio con sus padres y posteriormente -11 del mismo mes y año-, fue localizada sin vida en el puente “El Tule”, ubicado en el tramo carretero San José del Cabo-Cabo San Lucas.
Previamente por su liberación habían pedido a los padres de la niña, dos millones de pesos para no matarla, pacto que no se concretó toda vez que intervino la Policía Ministerial del Estado, y cumplieron sus amenazas.
