Nacho Monroy: Minería, ambientalistas, inversionistas y sociedad
* Mesa de diálogo, oportuna
* Consulta ciudadana, opción
* Consecuencias legales para la autoridad municipal
Ante un accidentado cierre de administración municipal, donde las adversidades financieras han prevalecido en los últimos meses, el alcalde de La Paz, Francisco Monroy Sánchez, enfrenta ahora una marcada crisis de credibilidad social producto de expresiones acusatorias por parte de ambientalistas locales respecto al proyecto minero de Los Cardones.
Ha sido acusado, junto con los integrantes del Cabildo de La Paz, de haber extendido la mano para recibir dinero de la empresa minera a cambio de modificar el Plan de Desarrollo Urbano.
Y ante tales señalamientos, Monroy Sánchez ha tenido la puntual respuesta: instalar una mesa de diálogo donde participen las partes en conflicto, tanto ambientalistas, representantes de la empresa y los vecinos de las zonas aledañas donde se pretende desarrollar el proyecto minero Los Cardones, así como la ciudadanía en general, para tomarse una decisión que no implique consecuencias ambientales ni legales y pueda darse un impulso al desarrollo económico de La Paz.
De ahí, el alcalde deja entrever que no hubo dinero de por medio. Y en respuesta los ambientalistas locales advierten que no acudirán a la mesa de diálogo para exponer sus argumentos y razonamientos científicos o ambientales, tal como pretende hacerlo la empresa a fin de esclarecer o despejar las dudas que s han generado al respecto.
Monroy Sánchez sabe de antemano que la decisión de convocar a una mesa de diálogo es una medida razonable, pues en ella el Cabildo de La Paz podrá escuchar los argumentos necesarios de todas las partes para tomar una decisión colegiada.
El propio edil ha mostrado una amplia preocupación, porque no desconoce que se encuentra frente a una difícil situación: Un municipio que no genera empleos; un crecimiento de inseguridad ante la falta de empleos; la actividad turística resulta insuficiente para sostener un crecimiento y desarrollo económico de la zona y, además, las consecuencias legales que deberá enfrentar como autoridad al no tomar decisiones concretas sobre el tema.
Más allá de que la empresa minera hubiera cumplido o no con todos los requisitos y estudios ambientales de acuerdo a las exigencias de las Normas Oficiales Mexicanas e internacionales, el Ayuntamiento de La Paz está obligado a responder de manera oficial.
Y para ello requiere de la participación de todas las partes interesadas, no puede ni debe escuchar en lo individual los reclamos o desacuerdos, sino al contrario, encontrar los equilibrios necesarios para conservar e impulsar el desarrollo sustentable de la zona ante la falta de oportunidades de crecimiento.
Por lo pronto Francisco Monroy Sánchez ha convocado al diálogo, una medida razonable que lo conduce al centro de un conflicto que sólo puede ser resuelto mediante acuerdos a través del diálogo, no de la intolerancia e intransigencia.
Mañana jueves la convocatoria, para de ahí esperar entonces la decisión del cuerpo edilicio, no antes.
A granel…
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