EQUILIBRIOS / MOVILIDAD ¡COSTO POLÍTICO!
Por: José Luis Puga Lizardi
Pirotecnia Política: Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público (Enrique Peñalosa)
VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, Delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Baja California Sur, obligado por las circunstancias y olvidándose de su encargo, declaró que tenía pacto con la “mafia” de concesionarios del transporte en la Entidad, pero al más puro estilo de la política “chimoltrufia” de que, como dicen una cosa, dicen otra, se desdijo al día siguiente.
El también “precandidato” a Gobernador del Estado, sabe de alianzas y hace tres semanas, pactó con sus hermanos de lucha, encasillados en el Partido del Trabajo ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ y NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, lo que significó el inicio de un largo proceso de medición de fuerzas con sus compañeros agrupados en el Movimiento de Regeneración Nacional, incluida la Dirigencia Estatal y por supuesto con LEONEL COTA MONTAÑO, RAMIRO RUÍZ FLORES, ARMIDA CASTRO GÚZMAN, WALTER VALENZUELA y RUBÉN MUÑOZ, fundamentalmente.
El pacto que aceptó tener VÍCTOR CASTRO COSIO y del que fue obligado a retractarse públicamente, fue el relacionado con la caterva de concesionarios del transporte, quienes abiertamente y por miedos fundados se oponen a que en Baja California Sur, se regule esta actividad y se aliente el libre mercado en este renglón importante para la vida económica y el desarrollo; aún y cuando el tema del transporte no es exclusivo de este rubro, hay que citar que el proyecto de ley de movilidad fue enviada al Congreso del Estado en Octubre del año pasado y sigue en “veremos”, bajo la excusa de estar en revisión, análisis consulta y socialización.
El próximo 15 de marzo iniciará el proceso legislativo, a través del cual se someterá a consideración de esa soberanía local, la LEY DE MOVILIDAD para Baja California Sur; sin duda alguna quedarán claras las posturas de los intereses políticos y económicos que gravitan en torno a este tema que desde el Gobierno del Estado se establece como una prioridad, así lo sostiene el Gobernador CARLOS MENDOZA DAVIS.
Este domingo 3 de marzo, estará en Los Cabos el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, bueno sería que el tema del transporte y de la posible consulta pública para aprobar o rechazar la actividad minera en la Sierra de La Laguna o en áreas naturales protegidas del Estado, fueran planteadas; son temas que al grueso de la ciudadanía le preocupan y ocupan.
El pacto que sostienen –aunque lo nieguen- varios actores de la alianza que juntos hicieron historia el pasado 1 de julio de 2018 con los transportistas opositores, es evidente y como en sus manos está la decisión que se tome en la conformación de la Ley de Movilidad, es decir, si la aprueban en los términos que la envió el Ejecutivo Estatal CARLOS MENDOZA DAVIS, la rechazan o la aprueban integrando lo que a su juicio consideren; pero independientemente de cómo decidan hacer las cosas en el poder legislativo, esto tendrá un costo político indudablemente.
Si respaldan las exigencias de los transportistas opositores, por no arriesgar un poco de su capital político, del otro lado de la cancha están los usuarios y la ciudadanía en general que aspira a tener un transporte moderno, eficiente, barato, y tener alternativas de traslados de acuerdo a sus necesidades.
En un ejercicio realizado en redes sociales, un alto porcentaje de la ciudadanía espera que gane –si así se le puede decir- la razón y se generen beneficios con esta nueva ley; ya hablan de que para unas cosas escuchan al pueblo y para otras lo ignoran por así convenir a sus intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole que por lógica se entremezclan; de hecho plantean que el colocarse del lado de los transportistas y concesionarios, votos les harán falta en las próximas elecciones, al considerarse que la mayoría de ciudadanos aspiran a movilizarse de la mejor manera –e insistimos- cómodos y a un costo menor.
El tema de la movilidad –que no es solo transporte, insistimos- debe atenderse y resolverse escuchando todas las voces, tomando con criterio las demandas y necesidades de toda la sociedad, se tiene que involucrar a todos y demostrar que ese discurso de que las mayorías mandan, quede plasmado en un documento que garantice mejores condiciones de vida para los sudcalifornianos.
El Congreso del Estado está conformado por 21 diputados legalmente electos, pero es obvio y natural que existen al menos dos más encarnados en LEONEL COTA y VÍCTOR CASTRO; aún y cuando los legisladores han sostenido su autonomía, solo hay que ver el tema de la renuncia al sueldo y demás prestaciones, para saber que existen dos bloques, cada uno con sus intereses; por el bien de los sudcalifornianos en general y el futuro político de los involucrados en el tema de movilidad, deberían considerar ponerse del lado del pueblo y no de los intereses de unos cuantos privilegiados concesionarios.
La responsabilidad de VÍCTOR CASTRO COSÍO y su grupo político, incluso de quienes están del lado de los transportistas, es mucha; no es cosa menor el colocarse en favor de unos privilegiados; la gente sabia está atenta a este tema que servirá como una bandera político-electoral como en la campaña del 2015, lo fue el incremento al IVA, sobre todo si la decisión no beneficia o deja complacida a las mayorías que según son las que mandan.
Si algún tema de campaña deben enaltecer quienes ahora son contrapeso en Baja California Sur y que llegaron al poder político cobijados por el manto protector de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es el cumplir la máxima de no robar, no mentir, no traicionar; pero sobre todo lo relacionado a una frase muy socorrida en campaña, que decía ¡hay que acabar con los privilegios! Ya veremos.
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