El gobernador Víctor Castro Cosío, acudió a la firma del protocolo para la
implementación del Programa de Justicia Terapéutica en Baja California
Sur, convirtiéndose así en la primera entidad del país en donde operará esta
alternativa y oportunidad para fortalecer la rehabilitación y reinserción social
de las personas que bajo los efectos del consumo o abuso de drogas
cometieron un delito no grave.
Castro Cosío confió en que este programa ayudará a mejorar la justicia en
el estado, y destacó que “todo intento para mejorar vale la pena; por eso
celebro que hayan venido con esos buenos propósitos. Siempre serán
bienvenidos los que traigan propuestas, no quedarnos con los brazos
cruzados”, agregó.
Participaron en este protocolo, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia Daniel Gallo Rodríguez, José María Avilés, presidente de la mesa
directiva del Congreso local, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la Unidad
de apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Álvarez Tostado, de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y
Procuración de Justicia, y Jeffrey Zinsmeister de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), así como funcionarios estatales.
El Mandatario sudcaliforniano agregó que se trata de un asunto delicado
para Baja California Sur, para México y el mundo y destacó la importancia
de que se esté buscando una nueva alternativa para ayudar a quienes
tienen este problema.
Con la puesta en marcha del plan piloto en Baja California Sur, se buscan
nuevas oportunidades a las personas que están en conflicto con la ley y
tienen problemas con el consumo de sustancias adictivas.
Además, busca usar las alternativas para promover una justicia más
humana y eficaz y contempla todos los caminos procesales; es decir,
acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales de proceso y sustitutivos
penales.
La intención es que esta suma de las disciplinas de justicia penal, salud
pública y la reinserción social, llevará a reducir la incidencia delictiva y a
defender los derechos humanos de todos los procesados.
