Joel Vargas Aguiar diputado del PRI dijo que carece de sustento jurídico para poder proceder. Al ex secretario municipal no se le puede enjuiciar.
Tras asegurar que los diputados del PRI no pretenden defender ni mucho menos proteger a nadie, el legislador Joel Vargas Aguiar dijo estar en desacuerdo total en que el cabildo de La Paz haya autorizado el cambio de Uso de Suelo y eso se expreso antes de que esto sucediera por estar en contra de la minería toxica, pero advirtió, que si hay culpabilidad que sean castigados siempre y cuando se privilegie el estado de derecho por que el Congreso no es un jurado a mayoría de razón sino que tienen la observancia de la ley y como tales tienen la obligación y el principio de observarla y al parecer ni se observo ni se está observando, por lo que se pronuncio porque se finque responsabilidades a los servidores públicos de la administración pública municipal de La Paz y Los Cabos de 2011 al 2015 quienes incurrieron en irregularidades y en exceso durante el ejercicio de su encargo y lo mismo debe hacerse con los ayuntamientos de Comondú, Loreto y Mulegé y por supuesto al gobierno del estado y dijo textualmente “el que la hizo que la pague” y también se pronuncio por el respeto de las disposiciones legales.
Vargas Aguiar dijo que no se puede involucrar a gente que no participo en la supuesta sesión secreta de cabildo y aclaro, que la ley orgánica del municipio es muy clara y faculta al cabildo para tener sesiones privadas, faculta para pronunciarse y autorizar cambios de uso de suelo, faculta para que a través de tres regidores puedan llamar a sesión privada y en el dictamen no se ve una causa suficiente para iniciar un juicio político.
Aclaro, que no se está tomando defensa a favor de ninguno de ellos y dijo no estar de acuerdo con la autorización del cambio de uso de suelo para la explotación de la mina.
Pidió a los demás diputados ajustarse a la ley, que si ese acto que llevaron a cabo los regidores no tiene efecto jurídico como se van a pronunciar a favor y pidió ser cuidadosos en la aplicación de la ley.
Dijo que como se puede señalar en el mismo dictamen al secretario general cuando la Constitución no lo establece como tal para que sea sujeto a juicio político, que debiera es otra cosa, pero la Constitución es clara en ese aspecto, señalo el legislador Priista.
“Como vamos a enjuiciar o meterlos en la dinámica a Ana Luisa Yuen Santana o a Pilar Eduardo Carballo Ruiz si ellos no estuvieron en los hechos que se atribuye a esa denuncia” señalo Vargas Aguiar.
Dijo que hasta el momento no se les ha entregado, al menos a los legisladores del PRI alguna prueba o documento público junto con el dictamen.
Finalmente y al asegurar que los tres diputados del PRI votaran en contra, dijo que el siguiente paso es conformar la comisión instructora en lo que no hay ningún avance, además esta comisión instructora debe estar integrada por un presidente, dos secretarios y un representante por cada fracción parlamentaria si estos no están representados en el presidente o el secretario, pero una vez conformada dicha comisión los involucrados tendrán el derecho en lo particular de justificar sus actos de defenderse.