A fin de propiciar espacios de colaboración entre coordinadores estatales a nivel regional, así como para identificar necesidades específicas por zona, focalizar los esfuerzos, y de esta manera, fortalecer la operación y eficacia del programa, es el objetivo de la II Mesa de Trabajo Regional con enlaces de Alerta ÁMBER, Zona Noroeste.
Así lo informó la Lic. Daniela Hampl González, encargada de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, y enlace de dicho programa en Baja California Sur.
Así mismo, sostuvo que las coordinadoras del programa en Baja California Norte, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, se reunirán por dos días para intercambio de experiencias de las alertas y pre-alertas que detonaron en lo que va del año, así como para recibir capacitación de parte de coordinadores del programa ÁMBER de Estados Unidos.
Al evento asistirá la encargada del despacho de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, y un asesor legal de la Embajada de los Estados Unidos.
Por otra parte la Lic. Hampl González, refirió que el programa Alerta ÁMBER, es la estrategia gubernamental ante el reto de brindar protección y asistencia a la niñez mexicana, su objetivo es coadyuvar en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes no localizados, que se encuentran en riesgo inminente de sufrir un daño grave en su integridad personal o en cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.
Con estas acciones, la PGJE dispone todo lo necesario para que su personal sustantivo posea la capacitación y actualización para responder con eficacia a las exigencias que plantean las reformas constitucionales y demuestra, en los hechos, su compromiso de realizar su labor de manera profesional, técnica, científica y jurídica , para atender el mandato de ley y la instrucción del titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.
