Por Francisco Javier Ángeles Villarreal
Recientemente han acontecido una serie de conductas delictivas en nuestra Ciudad de La Paz, Baja California Sur, la política criminal parece no persuadir en frenar los altos índices de robos a casa habitación, robos de vehículos, robos con violencia, homicidios, y delitos sexuales. Cabe poner de relieve que la ausencia de capacitación es lo medular en estos temas tan importantes que nos atañen, gozamos de algunos miembros de los cuerpos de seguridad que no poseen los mínimos conocimientos para abordar a un ciudadano en aras de verificar su identidad y realizarle preguntas hacia su persona, respetándolo como persona.
El miedo que se ha incrustado en la mente de gran parte de la población por los medios de comunicación o por lo acontecido, ha generado que ciertos ciudadanos clamen por más dureza en contra de quien comete un delito o sea sospechoso, en ocasiones hasta más años de prisión le solicitan a los legisladores; consecuentemente nuestros diputados recurren a un expansionismo del derecho penal desmedido, con tal actividad pretenden justifican su labor en el Congreso del Estado, creando tipos penales desproporcionados en las penas; no obstante merece la pena mencionar que de esa forma no combatimos al delito, tampoco logramos generar una abstención por quienes han dado comisión a una conducta antijurídica.
El choque que enfrentamos es entre la libertad personal y seguridad pública, dos derechos humanos que no se justifica lesionar ninguno para obtener vigencia materialmente de otro, necesitamos un equilibrio pues habitamos en un Estado democrático, no inquisitivo.
Hace días, escuche detenidamente a un funcionario municipal que giraba instrucciones en una entrevista de un medio de comunicación, para realizar una revisión personal a todas las personas que se encuentren en la vía publica y cuando no tuvieran una identificación consigo, o no justificaran alguna actividad laboral serian detenidos y llevados a una celda para que pasaran la noche, o bastantes horas; un sinónimo de pobreza es igual a delito, o sospecha es igual a peligro. ¿Quién realiza esta valoración?, ¿abrimos la puerta para abusos de autoridad?, ¿es una actividad abusiva?, deseo mencionar que se actualizan delitos por parte de quien incurra en estas hipótesis sin justificación en la detención.
Por otra parte, tratados internacionales protegen y garantizan la libertad personal, incluso la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11 y 16, en los mencionados artículos jamás se menciona que en caso de tener ausencia de una identificación, actividad laboral, o algún otro requisito “exigido por la policía”, será motivo de una detención, salvo que exista una flagrancia de estar cometiendo un delito.
La situación comienza a generar violaciones a derechos humanos hacia personas vulnerables, personas que no poseen recurso económico para obtener una identificación, personas que no tienen un empleo digno, personas indigentes; en ocasiones tales personas desempeñan una actividad laboral como vendedores ambulantes, empleos temporales, gran parte de ese sector son violentados por cuerpos de seguridad o por personas de alto status económico, la autoridad necesita estadísticas y con ellos pretenden legitimar su intervención que se está actuando en contra de la delincuencia.
Esa actuación es ineficaz, errónea, abusiva, violenta derechos humanos pero nadie los protege, nadie los voltea a ver por ser personas vulnerables. Algunos policías los revisan, los golpean, los insultan, los intimidan, les quitan su dinero, a personas vulnerables, ¿Quién los defiende?, ¿conocen las personas vulnerables sus derechos humanos?, ¿tiene a un abogado particular para informarse?, vayamos como sociedad siendo más humanos, apoyemos a estas personas, no es una tarea fácil, pero vale la pena defender los derechos humanos de otras personas.
El delito se combate desde un análisis con estrategias objetivas, aplicando una política criminal correcta en cada sector de la sociedad, con empleo, con más universidades, con mejores sueldos, con personas confiables para dar seguimiento a un plan de prevención del delito, la sociedad se encuentra en un colapso, no gozamos de policías respetuosos, capacitados, atentos, confiables, al contrario ellos indican quienes son “sospechosos, o reúnen la característica de delincuente y le privan de su libertad”, tenemos policías provocadores que incitan a la persona para tener una “excusa” para detenerlo.
Espero ansiosamente un cambio de mentalidad en nuestros cuerpos de seguridad, un trato correcto, ellos son los primeros respondientes, quienes tienen por primera vez contacto con hechos con apariencia de delito, el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado compromisos internacionales, la construcción del Estado de Derecho no es únicamente por parte de alguna autoridad, sino de todos en conjunto como sociedad en aras de avanzar hacia una sociedad más civilizada y respetuosa de los derechos humanos de cada persona.
No estoy a favor de la impunidad, mucho menos de quienes dan comisión a un delito, pero si de un trato justo, objetivo y profesional dentro de los parámetros legales, pero que exista un plan eficaz para prevenir el delito o combatirlo con pleno respeto a los derechos humanos.
El derecho penal no debe ser como una red de pescados, que atrapan siempre a los más pequeños, pero a los tiburones o peces enormes, ¿Quién los atrapa y cuando deciden atraparlos?
