Asegurar una actuación profesional en el lugar de la investigación como primer autoridad con funciones, de acuerdo de los protocolos nacionales de primer respondiente y de policía con capacidades para procesar el lugar de intervención, ello como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el objetivo del curso “Actualización de Protocolos Nacionales” que inició esta semana en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.
Dicho curso es dirigido a 30 elementos de investigación de la Policía Ministerial del Estado, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, así lo informo el titular de la dependencia a la vez que mencionó que dentro de curso se realiza el estudio y análisis del protocolo nacional del primer respondiente que se refiere a las actuaciones de los policías de investigación al constituirse en la escena del crimen, así como la importancia del llenado correcto de los formatos identificados como IPH.
Aseguró que entre los temas a desarrollar por el Lic. Muller Manuel Tabares Valdez, docente de la Academia de Ciencias de Sinaloa, hará énfasis sobre el irrestricto respecto a los derechos humanos que deben tener todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia frente a la ciudadanía, cuando realicen alguna detención en flagrancia por motivo de la comisión de un hecho probablemente delictivo. Así mismo, sobre los niveles de uso de la fuerza, con la finalidad de que no exista ningún tipo de arbitrariedad durante la detención.
Alamilla Villeda, afirmó que en el curso, el cual tendrá una duración de 20 horas, se discutirán casos prácticos para instruirles en la aplicación correcta de los protocolos de actuación y la recolección de evidencias al ser los primeros elementos en llegar a un hecho delictivo, importantes para la investigación científica, todo con estricto apego a los derechos humanos, tanto de la víctima como del presunto culpable.
Sostuvo que con acciones de capacitación continua para sus servidoras/es públicos, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, cumple con el mandato de ley de realizar investigaciones profesionales, científicas y jurídicas y la instrucción del titular del Ejecutivo en Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho.
