* Postura de los partidos políticos ante punto de acuerdo del IEE con respecto al principio de equidad de género en la integración de planillas de ayuntamientos y Presidentes
Los partidos políticos remitentes -PAN, PRI, PVEM. PRS y Nueva Alianza-, con registro ante la autoridad local electoral, manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta extemporánea de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, de presentar un punto de acuerdo en el cual los partidos políticos estaríamos obligados a registrar ante dicha autoridad electoral, a candidatas y candidatos a Presidente Municipal y Planillas de Ayuntamientos, atendiendo la paridad de género. Tomando en consideración los siguientes puntos:
• El momento procesal para tomar acuerdos de este tipo, no es ahora. Estos debieron haberse puesto sobre la mesa antes del inicio de las precampañas de los partidos políticos. Al día de hoy la gran mayoría de los partidos hemos llevado a cabo nuestros procesos internos y hemos definido quienes serán nuestros candidatos.
• No puede darse aplicación retroactiva a la Ley en perjuicio de los propios partidos y de los ciudadanos que tienen derechos adquiridos al ser electos como candidatos mediante procesos internos de selección, mismos que serán registrados en su momento ante los órganos electorales.
• La legislación electoral local ya define la forma de cumplir con el principio de equidad de género. El legislador, el día de hoy no maneja los conceptos de verticalidad, horizontalidad o transversalidad; cada entidad es libre y soberana en su régimen interior para organizarse políticamente dentro de las líneas generales que maneje la Federación.
• Un acuerdo de esta magnitud sería una total intromisión en la vida interior de los partidos políticos que generaría condiciones caóticas en su organización interna, toda vez que los partidos políticos hemos estado actuando dentro de la Ley en términos generales, es por ello que no debe ser la autoridad la que enturbie este proceso electoral.
• La autoridad electoral debe ser vigilante y garante en el respeto y aplicación de la constitución y las leyes electorales, y no generar confusiones o desacuerdos al seno del Consejo General, por interpretaciones o posicionamientos al margen de la ley.