La legisladora del PAN recordó que en la administración de Estela Ponce como alcalde se vendieron 78 predios con una superficie de casi 900 m2-
Para evitar que funcionarios públicos abusen de los espacios que le fueron conferidos a la ciudadanía, la diputada Diana Von Borstel Luna, presentó en Tribuna una iniciativa con proyecto de decreto que contempla además de dos a nueve años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La legisladora adujo que la administración que encabezó Esthela Ponce Beltrán (ahora diputada federal), por medio de sesiones extraordinarias de Cabildo presentó un punto de acuerdo donde propuso cambiar la condición jurídica de los bienes inmuebles propiedad municipal de dominio público a dominio privado, argumentado, que se pagarían las deudas del Ayuntamiento a proveedores como FONACOT, CFE que ha esta última continua con el adeudo de 50 millones de pesos.
Fue así como se vendieron 78 predios con una superficie de 850,681 m2 los cuales eran destinados para parques, jardines, áreas de recreación, afectando a toda la población de nuestro municipio contraviniendo las facultades que como servidora y servidores públicos les confieren la Constitución política de nuestro Estado y la Carta Magna, haciendo los cambios de condición jurídica de los predios ya mencionados.
Dicha iniciativa contempla la adición de un segundo párrafo al artículo 131 de la Constitución Política del de Baja California Sur, se reforma el inciso H) de la fracción IV del artículo 51, de la Ley Orgánica del gobierno municipal y se reforma y se adiciona una III fracción al artículo 280 del Código Penal.
Sostuvo que con estas decisiones que tomó aquel Cabildo y su presidenta en desafectar estos predios para pagar aparentes deudas municipales atentaron en contra de la ciudadanía sudcaliforniana quitándoles espacios para su sano desarrollo y esparcimiento, espacios donde se podía ir hacer deporte, espacios donde cualquier persona podría pasar la tarde con sus familia, violentado las disposiciones de nuestra Constitución Política.
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, sustentable y en condiciones adecuadas que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable, nutritivo y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social y con esas acciones de la administración de Esthela Ponce, se violentaron todos los derechos intrínsecos de la ciudadanía”.
Von Borstel Luna, reconoció que hay una inconformidad en la ciudadanía de La Paz, por la venta de esos predios por parte de autoridades que no mostraron interés para proteger sus derechos a la recreación, salud, deporte, cultura y educación y con esta iniciativa se impedirá que vuelvan a incurrir en esos ilícitos.
En entrevista la diputada del V distrito, dijo que su iniciativa tiene como propósito fortalecer el tejido social, por lo que confía contar con el apoyo de sus homólogos para hacer justicia en los derechos humanos.
El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia.
La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas y la Constitución Política, nuestra Carta Magna, se detallan sus obligaciones.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.
