Macabra ‘rehabilitación’.
El Gobierno que encabeza el Licenciado Carlos Mendoza Davis, a través de instancias como el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) y la Comisión Estatal Para Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), pondrá orden en los ‘centros de rehabilitación’ que operan en Baja California Sur, muchos de ellos sin cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y en la mayoría ellos la prácticacomún es violar los Derechos Humanos y las garantías individuales, además de que sus anexados sufren amenazas, abuso psicológico y maltrato físico. La gota que derramo el vaso fue sin duda el crimen de Francisco Alberto Aguilar Barragán, un Sonorense de 21 años, sometido el pasado 17 de Octubre a torturas que superan en mucho a las practicada por la Santa Inquisición, instaurada en México en Noviembre de 1571. Aguilar Barragán fue atado de pies, manos y cuello y luego estirado hasta provocarle fractura de tráquea, muriendo desangrado –anemia aguda- según el resultado de la necropsia de Ley. Lo mato un ‘auxiliar de la administración’ (servidor, le llaman ellos), del Centro de Recuperación y Rehabilitación Para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) de Guerrero Negro, Baja California Sur, organismo que ha sido relacionado en muchos y frecuentes actos ilegales,como la privación ilegal de la libertad. Ese tipo de lugares destinados al confinamiento y explotación de adictos –se usa el ‘boteo’ para pedir dinero en la vía publica como ‘terapia ocupacional’-, han sido calificados desde hace años como ‘mal necesario’ ante la incapacidad Gubernamental –de los tres niveles- para atender a quienes sufren unadeficiencia catalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como tal debe ser tratada. Existen en BCS quince de esos negocios y solo seis están autorizados por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y el resto son avalados por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS); los seis primeros son refugios ‘Nueva Vida’ y están a cargo de la Secretaria deSalud dentro de la estrategia Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), en los que se invierten millones de pesos anuales y el resto son beneficiados con ‘becas’ de 30 mil pesos por persona albergada y tratada por un lapso de seis meses. Una verdadera empresa pues al menos el Centro de Recuperación y Rehabilitación Para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) de Guerrero Negro (RFC-CRR-960402-DB6), cobra dos mil pesos mensuales a los familiares de cientos de jóvenes, adultos y menores de edad, más una cuota de 100 pesos ‘para la tienda’ pese a que su reglamento dice ‘no ser una organización lucrativa’. El tiempo mínimo es de medio año -equivalente a12 mil pesos- y cumplido ese periodo no hay un diagnóstico, alta médica o seguimiento al problema, lo que provoca alto índice de reincidencia al regresar el enfermo a su entorno social. Una ‘recaída’ de ese tipo costara a la familia 6 mil pesos para el traslado, los 2 mil pesos cada treinta días y la cuota de 100 pesos ‘para la tienda’, además de proveer vitaminas y sueros para la desintoxicación, recetas y medicamento en caso de alguna enfermedad. Quienes administran el centro CRREAD, convertido en un ‘campo de concentración’ pues los internos no pueden ver a sus familiares en meses, no reciben información sobre algún avance, necesidades o explicaciones sobre en qué consiste el ‘tratamiento’ y la correspondencia es revisada, censurada o destruida, tienen el cuidado de que se firme una especie de contrato con diversas clausulas. La séptima señala; ‘el objetivo social de CRREAD, es ayudar al mayor número de internos a recuperar (sic) para que a su vez estos ya recuperados, ayuden a otros internos a recuperarse del alcoholismo y las drogas. CRREAD no es una organización lucrativa, sin embargo se tiene que desintoxicar, tratar y sostener, por lo que el familiar se compromete a proporcionar; vitaminas y sueros para ayudar a sudesintoxicación.-El caso de alguna enfermedad, traer receta y medicamento.-El familiar se compromete a proporcionar una ayuda voluntaria en despensa y/oeconómicamente, ya que el sostenimiento del centro es a través en su mayor parte de familiares.-Permanentemente tenemos las siguientes necesidades; alimentos en general, frijol, arroz, azúcar, café, jabón, cloro, aceite, harina, manteca, latería, papel higiénico’. Sin embargo se sabe que recolectan en grandes comercios productos a punto de caducar y la queja constante es sobre la pésima alimentación. Ante esas y otras graves anomalías, el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) y la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realizan una revisión a la operación de esos negocios y se espera que en breve haya anuncios al respecto.
El oscuro historial.
Pese a que instancias de salud reconocen que los ‘centros de rehabilitación’ no son la solución para abatir el alto índice de alcoholismo y drogadicción, su número aumento de manera exponencial en Baja California Sur a partir del 2005 por la facilidad para obtener permisos de operación, aun sin cumplir los requisitos mínimos que exigen leyes y reglamentos. La mayor parte de esos lugares están a cargo de ex adictos llegados de otras entidades, que han encontrado en la media península un campo fértil para erigirse como la única solución contra esos males, incluso ‘importando’ adictos para aumentar la ‘membresía’ y ‘justificar’ el apoyo Gubernamental aunque al final los utilicen para pedir dinero en la vía publica y obtener miles de pesos que nadie fiscaliza. Hay quienes presumen de acciones oscuras e ilegales en los métodos utilizados por personal de esos negocios, pues con algo de dineroy sin necesidad de un dictamen médico que avale su versión, cualquiera puede deshacerse de algún familiar ya que los llamados ‘servidores’ –otros drogadictos- se encargan de ubicarlos y ‘levantarlos’ sin previo aviso a la autoridad, e incluso en complicidad con Policías Municipales y Estatales.Existen denuncias que no han prosperado, sobre abusos sexuales a menores de edad, lesiones y privación ilegal de la libertad y es un hecho que ahí se refugian individuos buscados por la Justicia, como en su momento documentamos con los casos de Pedro Castro Amador, con órdenes de aprehensión por fraude y lesiones y Salvador Zúñiga Ojeda y Hugo Cesar González Graciano, por robo a casa habitación y quienes estaban asilados al centro CRREAD de Guerrero Negro.
Pero hay infinidad de asuntos sin investigar, aclarar y castigar;
El 7 de Febrero del 2007 murió por bronco-aspiración en la ‘sala de desintoxicación y observación’ del centro de rehabilitación NACER A.C., de San José del Cabo, el NorteamericanoBowieWitt, internado a petición de su amigo Edgar Agundez ‘porque ya tenía 14 años tomando licor’, según el encargado del lugar Roberto Partida Rojas, un Tijuanense de 43 años. Sin embargo todo indica que el extranjero fue privado de la libertad y abandonado en la insalubre carraca.
Felipe Solano Elizalde, de 44 años, falleció en una sala del hospital Juan María de Salvatierra, horas después de ser atacado a puñaladas por otro interno del centro ‘Nueva Creación’ ubicado en inmediaciones de la colonia Calafía, al Sur de La Paz.
En el centro de rehabilitación CRREAD de San José del Cabo, fue asesinado a golpes Martin Pineda Morales, un chofer de 41 años, recluido contra su voluntad tres semanas antes. El director del lugar, Marcelino Velázquez, informo a familiares de la víctima que había sufrido un infarto al Corazón, pero la necropsia revelo como causa el traumatismo craneoencefálico, ejerciendose acción penal contra VíctorÁngelCeferino, Armando Ventura, Mauro Rodríguez y Edgar Ríos.
José Jonathan Díaz y dos internos más del centro Nacer A.C., de La Paz, fueron enviados a Los Cabos por sus patrones Héctor Calvillo Tarazón y Héctor Calvillo Guevara, para ‘aprehender’ a un enfermo y trasladarlo a esta capital. Hubo un forcejeo y la víctima se golpeó el cráneo con una guarnición, muriendo horas después.
El 21 de Marzo del 2012, una jovencita de quince años ‘egresada’ del Centro CRREAD de Guerrero Negro denuncio amenazas, abusos psicológicos y castigos físicos durante los 24 días que permaneció en ese lugar. Dijo que a su ingreso dos lesbianas la desnudaron, era obligada a arrodillarse sobre corcholatas y fue necesario que su madre acudiera ante el Ministerio Publico, pues para liberarla exigían el pago de 9 mil pesos.
En Mayo del 2013, por intervención del Diputado local Arturo Torres Ledesma (qepd), fue rescatado del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes el jornalero agrícola Enrique Arce Amarillas, con domicilio en Villa Morelos. La victima narro que el Comandante de la Policía Ministerial del Estado en Ciudad Constitución lo encontró y le dijo ‘acompáñame, necesito hablar contigo’, pero en vez de llevarlo a las instalaciones de la PME lo entrego a ‘personal de traslados’ de ese negocio quienes lo remitieron a una insalubre carraca.
El 22 de Abril del 2013, un interno de 34 años del centro CRREAD ubicado en la colonia Ano Nuevo de Mulege Pueblo, intento suicidarse en el área de enfermería con un bisturí, cansado de malos tratos y vejaciones. Fue llevado al Hospital civil de Santa Rosalía, con heridas en cara lateral derechas del cuello y muñeca izquierda.
El 28 de Agosto del 2013, treinta y dos internos del centro de rehabilitación Moctezuma, ubicado en Encinas e/ Carranza y Juan Domínguez Cota, se intoxicaron por comer carne de cerdo en mal estado. Unidades de Protección Civil y el grupo de rescate GERAP, los trasladaron al Hospital Juan María de Salvatierra y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El 4 de Agosto del 2015, diez y nueve internos del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes, ubicado en las calles Cuitláhuac e/ López Mateos y Cinco de Mayo, se fugaron y cinco de ellos fueron ‘recapturados’ por la Policía Preventiva de Comondu, denunciando ante la representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa demarcación haber sido privados de su libertad, ser sometidos a torturas y malos tratos pese a que su familia pago miles de pesos por su ‘tratamiento’.
Un día después, personal de ese lugar entre los que se idéntico a Manuel Iván Murillo Davis, impidió la entrada a visitadores de la CEDH, que pretendían verificar quejas por abusos y violaciones graves a los Derechos Humanos y las garantías individuales. El titular de esa oficina Silvestre de la Toba Camacho, anuncio que se acudiría ante el Ministerio Publico.
El 5 de Septiembre del 2015, personal militar adscrito a un puesto de revisión rescataron a dos internos del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes, que eran transportados atados y amordazados en la caja de un pick up. Los individuos dijeron haber llegado de Tijuana, Baja California, como ‘servidores’ de José Manuel Castillo, directivo del lugar. Debido a que se negaron a golpear a sus compañeros, intentaban desaparecerlos.
El 8 de Octubre del 2015, Roberto Carlos Medellín Mendoza, interno del centro Soldados Nuevos A.C., de Ciudad Constitución, fue entregado inconsciente a sus familiares. Lo trasladaron al hospital del Instituto Mexicano, donde falleció. Los directivos nunca informaron sobre alguna enfermedad y es obligo que la muerte de Medellín Espinoza ocurrió por negligencia, demandando los deudos que se haga justicia y al menos ese caso no pase a formar parte de la ‘congeladora’ en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ojala y las acciones que está llevando al cabo el Gobierno del Estado, sirvan para evitar abusos físicos y violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo la muerte de quienes han caído en las garras del alcoholismo y la drogadicción y hoy sirven para que vivales, se hagan de enormes cantidades de dinero público y privado.
Ventarrón.
El Gobierno del Estado prometió a los padres del Abogado Jonathan Hernández Ascencio, asesinado la madrugada del 4 de Marzo del 2010 en el bar las ‘Micheladas’, que ese expediente plagado de dudas, omisiones, hechos faltantes y hasta posibles desviaciones a la Ley, sería el primero en ser estudiado y analizado por el Procurador General de Justicia, Erasmo Palemón Alamilla Villeda. Voluntad existe, pero no habrá resultados mientras sigan dentro de la dependencia individuos como Samgar Salvador Gómez Reyes, el primero en iniciar las ‘investigaciones’ como Agente del Ministerio Publico especializado en homicidios dolosos. Hay que recordar que Gómez Reyes fue cesado del cargo por el entonces Procurador General de Justicia Francisco Karim MartínezLizárraga, arguyendo este un desastre en la averiguación previa e incluso aseguro que habría investigaciones al respecto. Un año después Gómez Reyes hizo fuertes declaraciones contra la institución, sus funcionarios y el Gobierno del Estado, instancias y personajes que lo sacaron del limbo y le dieron oportunidad de sobresalir profesionalmente, pero es obvio que no conoce las palabras lealtad o agradecimiento y sin ningún pudor regreso y hoy es jefe de la unidad antisecuestros de la PGJBCS. En Abril del 2013, el representante social especializado en delitos cometidos por servidores públicos, Rosy Calderón, cito a comparecer al ex Gobernador del Estado Narciso Agundez Montaño, por supuestas ‘torceduras’ a la Ley en la investigación sobre el homicidio del Abogado Jonathan Hernández Ascencio, pero el polémico ex funcionario Cabeño fue interrogado por sus ex empleados Samgar Salvador Gómez Reyes y Efrén Carlón Páez, con obvias instrucciones de entonces Sub-procurador de Control de Procesos, Carlos Palos Arocha. El afán no era tanto aclarar dudas sobre el proditorio asesinato y los vicios en la indagatoria, sino hacer reclamos as destiempo al ex mandatario con preguntas como ¿Por qué nunca nos aumentaste el sueldo? ¿Por qué nos corriste? ¿Qué se siente ser ex Gobernador?. Por ello Alamilla Villeda debe estar atento, pues quien traiciona una vez, traiciona dos o más……Bueno, por hoy es todo, nos leemosla próxima, si otra cosa no sucede.
