CORRUPCIÓN, OMISION E IMPUNIDAD
Es plausible y reconocida la labor de instancias Federales, Estatales y Municipales, para poner a salvo a cientos de familias ante el peligro que represento ola tormenta tropical `Lidia`, principalmente en el Municipio de Los Cabos.
Pero no es suficiente desalojar a miles de personas que viven en zonas de alto riesgo, ni albergar a quienes habitan endebles viviendas o edificios construidos con materiales de mala calidad.
Es urgentes y necesario se actué contra funcionarios y particulares, inmiscuidos en actos de corrupción, omisión e impunidad, factores puestos al descubierto por los escurrimientos de agua que provoco el meteoro, la noche del 31 de Agosto y madrugada del 1 de Septiembre.
No solo del actual Gobierno emanado de Acción Nacional, ni del anterior postulado por el Partido de la Revolución Democrática; es un problema que por décadas se ha presentado y no se ha resuelto con la Ley en la mano.
Se le planteo al Presidente de la República Enrique Peña Nieto en Septiembre del 2014, por la devastación que provoco el huracán `Odile`. Se le recordó el sábado 2 de este mes (casi 3 años después) y no hay esperanzas de que ocurra algo significativo.
El Jefe del Poder Ejecutivo Federal fue abordado por una comisión de diez personas, representantes de familias que habitan el fraccionamiento Puerto Nuevo, en San José del Cabo, quienes horas antes habían presionado con el cierre del libramiento carretero que conduce al Aeropuerto Internacional de esa cabecera Municipal.
Para destrabar la justificada protesta, fue necesaria la presencia del Delegado de INFONAVIT en Baja California Sur, Daniel Adán Cota Fiol, quien como todo político prometió instalar una `mesa de negociación` para revisar caso por caso, ante la demanda de una reubicación total y rápida, por residir en zona de alto riesgo.
Para calmar los ánimos y acordar el desalojo de la importante vía de comunicación, el Secretario General del Municipio de Los Cabos, Luis Alberto González Rivera, prometió despensas, distribución de agua y ropa y ver la posibilidad de una reubicación temporal.
Pero hay otros casos donde afloro la confabulación de funcionarios y particulares.
En el fraccionamiento Chula Vista se desplomo un edificio multifamiliar de tres niveles construido a la orilla de un arroyo, cuando por fortuna sus habitantes habían sido desalojados por instancias Federales, Estatales y Municipales.
Es una zona donde habitan casi mil familias y fue una de las más golpeadas por el huracán `Odile` en Septiembre del 2014. En Noviembre de ese año, toda la maquinaria del Ayuntamiento Cabeño, en ese entonces encabezado por José Antonio Agundez Montaño, fue utilizada para reparar el sistema de agua potable, drenaje, vialidades y otras áreas, según comunicación social Municipal.
En Mayo del 2016 (ya en este Gobierno) residentes del lugar realizaron plantones e interpusieron quejas, tanto por la mala calidad de las viviendas construidas y comercializadas por la empresa Homex, como por encontrarse en zona de alto riesgo según el Atlas Municipal y Estatal.
Hubo suspensión de obras nuevas, pero un mes después la Sindicatura Municipal acordó `de manera conciliatoria con la empresa` varios aspectos que la inmobiliaria obviamente no cumplió.
En los primeros cuatro meses del 2017 se anunciaron nuevas licencias de construcción para Homex, comprometiéndose (por segunda vez) hacer un canal con especificaciones de la Comisión Nacional del Agua, como medida de protección en el fraccionamiento Puerto Nuevo, de San José del Cabo.
También se realizarían obras de ese tipo en el fraccionamiento Chulas Vista, de Cabo San Lucas, pero nunca ocurrió. Prueba de ello es que el agua que corrió por un arroyo, carcomió la base del edificio multifamiliar de tres niveles y se derrumbo.
Es evidente pues la confabulación de la Comisión Nacional del Agua y funcionarios Municipales, para concluir con el cambio de uso de suelo, permitiendo a consorcios inmobiliarios construir y comercializar viviendas, en zonas de riesgo y alto riesgo.
Por lo pronto la empresa Homex tiene en puerta tres proyectos en el Municipio de Los Cabos que habría que revisar. Paraíso del Tezal, Lunas del Tezal y Cumbres del Tezal, en predios adquiridos en precios irrisorios, que multiplicaran su valor.
Pero no es solo en Los Cabos, ni ante el paso de la tormenta tropical `Lidia` que se debe intervenir. El problema de asentamientos humanos irregulares existe en los cinco Municipios del Estado y no se debe esperar a que haya una tragedia para intervenir.
El Secretario General de Gobierno Álvaro de la Peña Angulo se comprometió investigar y sancionar a quienes pongan en riesgo a la sociedad.
Que así sea.
REMOLINO.
Erick Omar Chávez Barraza, fue designado encargado de despacho en la Sub-Procuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, en relevo de Ramiro Ulises Contreras Contreras, que pasó a la Subsecretaria de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Chávez Barraza cuenta con más de 10 años de servicio en la PGJBCS y en los últimos 18 meses, ha fungido como Agente del Ministerio Público adscrito a la SADAI. Felicidades y suerte….Bueno, por hoy es todo, nos leemos la próxima, si otra cosa no sucede.
