El nuevo sistema de justicia penal que se implementará a partir del próximo día 1 de julio del presente año en el municipio de Comondú, y que sustentará sus bases en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y presunción de inocencia, en donde la persona (víctima o victimario) relacionado con hechos contemplados como delito, se le garantizaran en un juicio oral sus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, destacó el Lic. Adonai Carreón Estrada, Procurador General de Justicia en BCS.
Carreón Estrada, señaló que las y los Ministerios Públicos, desempeñarán formas radicales nuevas de trabajo, coordinará una investigación, ágil y simple.
Agregó que es menos formal, pero más funcional. Sin perder tiempo y recursos en la forma para invertirlo en el fondo, con trabajo de calidad en cada investigación.
También el Ministerio Público, deberá de probar su acusación en una audiencia de juicio oral y pública con las mismas condiciones de igualdad con los actores participantes en el mismo.
Y las partes que intervendrán en los nuevos juicios orales son: víctima o acusador; indiciado o acusado; defensor; órgano jurisdiccional (jueces); facilitadores; Ministerios Públicos; peritos; personal penitenciario y policías.
Por otra parte el Procurador de Justicia en la entidad mencionó que el grupo de Ministerios Públicos del fuero común, facilitadores, peritos y policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, y quienes iniciaran funciones el próximo mes de julio en el municipio de Comondú, cuentan con una capacitación especializada de un año, en donde Maestros en Derecho y profesionales en la diversas ramas del derecho penal, locales y provenientes del interior del país, impartieron cátedra, al personal de la institución, estando capacitados para desarrollar sus destrezas y habilidades en caso reales, prevaleciendo la solución de problemas a través de los medios alternativos de solución de conflictos con la mediación y la intervención de facilitadores especializados, y utilizando los avances tecnológicos en materia de investigación científica pericial para acreditar en sentencia la responsabilidad de una persona en un hecho delictivo.
