Al responder al documento Vamos por 10 del Consejo Coordinador de Los Cabos que firmó junto con Alberto Treviño, candidato a presidente municipal de Los Cabos, el abanderado a la gubernatura de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, Ricardo Barroso, dijo que su gobierno tendrá un Procurador de Justicia sin compromisos políticos, que tenga el perfil y la experiencia necesaria para hacer cumplir la ley; tendrá que ser un procurador que emane de las propuestas ciudadanas con la validación del Congreso del Estado, advirtió.
Respecto de la seguridad, que fue planteada por el CCLC como el principal problema que enfrenta el municipio de Los Cabos, Ricardo Barroso se pronunció nuevamente por un mando único en la policía estatal, con mejores condiciones laborales ponderando la capacitación y certificación, destacando la implementación y perfeccionamiento del sistema de video vigilancia en zonas estratégicas para combatir los delitos del orden común (en los que lamentablemente lidera Baja California Sur) y destacó el blindaje en carreteras y terminales aéreas y portuarias de todo el estado.
Ante la petición de ratificar y hacer respetar la zona sur del estado como una zona eminentemente turística y no permitir desarrollar otra actividad distinta que ponga el riesgo tal situación, el candidato a gobernador fue claro en señalar que en su administración se habrá de cuidar a Los Cabos como el destino turístico que es de primer nivel mundial.
Ricardo Barroso se comprometió también a fortalecer el esquema de promoción turística, manteniendo la aplicación del impuesto del 3 por ciento al hospedaje única y exclusivamente para la promoción, como lo han planteado los miembros del Consejo Coordinador de Los Cabos. Es necesario, reconoció, porque Los Cabos está en la competencia internacional del ramo.
A la demanda de generar acciones objetivas, públicas y eficaces para transparentar el uso correcto de los recursos públicos, el candidato aliancista dijo que una de las prioridades en su gobierno será la rendición de cuentas con una Contraloría Ciudadana cuyo titular no sea un empleado del gobernador, para que cumpla la ley de responsabilidades públicas y revertir la vergonzante ubicación de Baja California Sur en el último lugar del país en transparencia.
