Al rendir ayer su segundo informe de labores al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, hizo un recuento de lo realizado en el periodo 2015-2016, destacando que el organismo defensor de los derechos humanos en estos dos últimos años ha logrado extender su presencia en los cinco municipios de Baja California Sur, y próximamente se tendrá la apertura de dos más, una en Vizcaíno y la otra en San José del Cabo con lo cual estará cubierta toda la geografía sudpeninsular.
En el marco de la sesión de la diputación permanente, De la Toba Camacho, mencionó que se emitieron 16 recomendaciones en este último año que se informa, de los cuales, tres de estas fueron de los temas de inclusión, ya que se observó la existencia de barreras arquitectónicas en algunas colonias de la ciudad de La Paz, y la falta de condiciones de algunos planteles educativos para recibir a niños con discapacidad.
Así mismo, Silvestre de la Toba ante la diputación permanente encabezada por las Diputadas Maritza Muñoz Vargas, Rosa Delia Cota Montaño y el Diputado Camilo Torres Mejía, destacó, que a la fecha se han conformado 26 Comisiones Infantiles de Derechos Humanos en igual número de escuelas primarias con niños y niñas de quinto grado. También anunció la conformación de otras más en los otros municipios de la entidad, esto, con el propósito de promover los derechos de los niños y las niñas la convivencia sana en los planteles educativos y propiciar una nueva cultura con valore pleno de respeto a sus derechos.
De igual manera informó que de febrero de 2016 a febrero de 2017 se brindaron un total de mil 150 asesorías jurídicas directas, 163 asesorías telefónicas, siete asesorías académicas y 19 gestiones de apoyo, para un total de mil 339 asesorías brindadas.
Además, se aperturaron 575 quejas en los cinco municipios: 136 en Los Cabos, 319 en La Paz, 48 en Comondú, 14 en Loreto y 58 en Mulegé, donde algunas de las principales autoridades señaladas como responsables son elementos de la Policía Preventiva y Transito con 79 en total; Secretaría de Educación Pública con 65, Policía Ministerial 45, Agentes del Ministerio Público del fuero común 43; personal del CERESO 28; personal del Ayuntamiento 27, siendo los principales motivos la violación al derecho de igualdad y al trato digno.
También por ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, detención arbitraria, lesiones, violación a los derechos de menores a que se proteja su integridad, entre otras.
Del total de las quejas interpuestas aclaro De la Toba Camacho, se concluyeron 83 expedientes por falta de interés del quejoso, 48 por no acreditar la violación a los derechos humanos, 34 por no reunir requisitos legales, 48 por haberse solucionado mediante el trámite de la queja, 12 por desistimiento, 4 por conciliación entre las partes y 113 por incompetencia.
Y de las 16 recomendaciones emitidas, 5 fueron para la Secretaría de Educación, 2 a la presidencia municipal y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Mulegé, 2 al presidente municipal y a la Dirección de Policía y Tránsito del Ayuntamiento de La Paz, una al presidente municipal de La Paz, una al ayuntamiento de La Paz y otra a la Dirección del Transporte del Estado, dos a la Secretaría General de Gobierno y Subsecretaría de Seguridad Pública, una al presidente municipal y a la Dirección de Policía y Transito del ayuntamiento de Comondú, una a la alcaldesa y a la Dirección de Policía y Tránsito del ayuntamiento de Loreto, una al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Salud así como al Procurador de Justicia en el Estado.
Se resalta que Silvestre de la Toba Camacho acompañado de los Consejeros de la CEDH hizo entrega de un ejemplar del informe al Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.
Se concluye que al evento asistieron en representación del jefe del ejecutivo el Subsecretario de Gobierno, Esteban Beltrán y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez entre otras personalidades de los tres niveles de gobierno.
